Vuelven los fantasmas del pasado en medio de la crisis por la tragedia en Melilla. España vulneró los derechos de los 55 niños marroquíes expulsados ahora hace un año de Ceuta después de atravesar la frontera nadando. En la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal contencioso-administrativo número 1 de Ceuta, el magistrado ordenó a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma que "adopte las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados" después de determinar que se habían infringido los derechos fundamentales de los niños a la acogida. Este jueves, la Sección Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado uno de los dos recursos interpuestos por la Delegación del gobierno y el Ejecutivo regional, avanza elDiario.es. Según la decisión en la cual ha tenido acceso el diario mencionado, la actuación del Gobierno y las autoridades de Ceuta durante la crisis migratoria del año pasado, que estuvo "exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución". Después de esta decisión, los órganos condenados todavía pueden recurrir al Tribunal Supremo.
El Estado omitió todos los trámites que protegen a los menores
En su recurso, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta alegaban que la ola migratoria que tuvo lugar durante aquellos días constituía una "emergencia humanitaria", y que los acuerdos entre España y Marruecos para la devolución de migrantes garantizaban los derechos de los niños migrados. Eso es lo que ha rechazado rotundamente el TSJA, que ha recordado que la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma se saltó todos los trámites que se requieren para cumplir con los derechos de los niños: "Además de no individualizar los expedientes de retorno para cada menor afectado, omitió todos los trámites esenciales y las cautelas procedimentales de cumplimiento obligatorio para la repatriación".
Las ONG confían en el retorno de los menores
Al hacerse pública la noticia, las organizaciones no gubernamentales que prestaron ayuda a los menores migrados esperan ahora que se "restaure" el daño causado en el transcurso de la deportación ilegal, tal como ordenó el juez de Ceuta. Las entidades demandantes y los menores a los que representan quedan ahora a la espera de recibir la sentencia relativa a otro recurso todavía pendiente, presentado por los mismos órganos condenados, y confían en que será resuelto en términos similares, han informado en un comunicado. Según Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, "la sentencia recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los derechos de la infancia. Ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que una cosa así no vuelva a pasar". Por su parte, Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, ha opinado que "el pronunciamiento de la Justicia es claro, el control de la frontera no puede ser una excusa para excepcionar la aplicación del Derecho. Ni en Ceuta en agosto de 2021 ni en Melilla en junio de 2022. Urge una política de migraciones que respete los derechos humanos y proteja los más vulnerables, especialmente cuando son niños, niñas, y están solos".
En los mismos términos se ha expresado Lorda Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, quien ha argumentado que "resulta frustrante comprobar que las administraciones públicas siguen vulnerando los derechos fundamentales de las personas migrantes y especialmente de los niños y niñas que llegan solos a España. Y nos llena de impotencia que eso siga pasando, a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales sobre este asunto que obtuvimos hace más de 12 años y el contenido de los cuales se niegan a asumir nuestros diferentes Gobiernos". Finalmente, Paloma García de Viedma, abogada de la Fundación Raíces, ha dicho que "ni las situaciones de excepcionalidad, ni las entradas supuestamente masivas, ni los acuerdos con el Marruecos para el control fronterizo, autorizan a las administraciones públicas a prescindir de las garantías necesarias para la protección de los derechos fundamentales. Es lamentable que, como comprobamos en Ceuta y se ha demostrado dolorosamente en Melilla, sea necesario que los Tribunales le recuerden eso a las autoridades".