Evitar su huida. Unos 40 jueces y juezas y fiscales de las nuevas promociones con destino en Catalunya han participado este lunes en la primera jornada de acogida, organizada por el Departamento de Justicia en su sede en Barcelona. La mayoría de juristas son de fuera de Catalunya y el objetivo del encuentro es explicarlos los servicios judiciales para evitar que la mayoría se marchen a sus comunidades, al solo cumplir el primer año en juzgados y fiscalías catalanas. La movilidad de jueces, fiscales y también de funcionarios es uno de los graves problemas en Catalunya, que provoca más retraso de las causas, según admiten los responsables de Justicia. Un ejemplo claro son los 7 juzgados de Martorell, que ahora se renuevan casi al completo. "Es un honor contar con vuestro talento, sois una pieza clave en la sociedad democrática", ha afirmado la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, que ha añadido que "el catalán es una de las dos lenguas cooficiales y tienen que ser puentes, no barreras". El fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha agradecido que se cuente con la Fiscalía, que ha calificado "nuevo" y ha invitado a los nuevos jueces y fiscales "a arraigar en Catalunya" y que la Justicia "es un servicio público, donde hay que tratar con consideración al justiciable." La jornada se ha realizado en catalán y cuatro asistentes han usado el servicio de traducción.
En concreto, del total de 171 jueces de la 71 promoción, unos 76 ejercerán en juzgados catalanes. Y de este total, solo 8 viven a Catalunya. También se incorporarán 16 jueces del cuarto total, los cuales ya recogieron el despacho en el acto presidido por el rey Felipe VI, y este miércoles asumirán el acto en el Palacio de Justicia, presidido por el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos. Con respecto a los nuevos fiscales se incorporan 10 a Catalunya. Jorge Jiménez, director de la Escuela Judicial, con sede en Collserola, ha destacado que durante los dos años que los jueces se han formado, algunos de ellos se han sacado el curso de catalán, y también se ha estudiado el Derecho Civil Catalán, que es un mérito para acceder a juzgados. Por su parte, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Pública del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, ha explicado en catalán su experiencia como juez de Vic, y también las novedades para acabar de completar las oficinas judiciales, así como la ley que se ultima sobre eficiencia procesal.
Catalunya, demasiado cara
El complemento económico para ejercer en Catalunya para compensar el exceso de trabajo y el encarecimiento de vivir en el país, especialmente en Barcelona -que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) reclama, con el apoyo del CGPJ- ha sido preguntada a la jornada por una jueza, con destino en Martorell y ha asegurado que preocupa a los compañeros de la promoción. "Los precios en Barcelona son prohibitivos", aseguraban después juezas y fiscales, en la pausa. Una de ellas afirmaba que a pesar de cobrar el mismo sueldo, el destino en Barcelona implica invertir unos 800 euros más. Olmedo ha admitido este problema, pero no ha detallado ningún compromiso por parte del ministerio. Iolanda Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia, ha afirmado que los recursos son limitados y que se pueden impulsar otras medidas "como la promoción del cuarto turno", donde hay más personas que viven en Catalunya. También ha adelantado que se vuelve a debatir la comarcalització de los juzgados de violencia machista, proyecto que en el 2017 causó bastante rechazo de la Abogacía Catalana.
De la memoria a la justicia restaurativa
En la jornada, también ha intervenido Alfons Aragoneses, director general de Memoria Democrática del Departament de Justicia, el cual ha apostado para que la nueva ley española de Memoria permita que "las víctimas puedan ejercer su derecho a la verdad, a través de jueces españoles, y no necesitar la querella Argentina", aunque ha añadido que "el objetivo de la ley no es llevar ahora personas a la prisión".
Amand Calderó, secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, y Encarna Bodelón, directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), han expuesto la importancia de suspender la ejecución de condenas inferiores a dos años de prisión y derivar a las personas a medidas penales alternativas porque favorece la reducción de la reincidencia, así como las libertades condicionales. Immaculada Barral, directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia, y Carme Guil, magistrada de la sección 3 de la Audiencia de Barcelona y miembro del grupo GEMME, han defendido que los jueces apuesten por derivar ciertos casos, como los de Familia con menores, a mediación y a la justicia restaurativa, que hay en todo el territorio catalán. "Incluso en un caso de jurado se ha promovido un intento de justicia restaurativa", ha afirmado Gil. Jueces y fiscales han sido activos en las preguntas.
En la clausura, la secretaria general de la Administración de Justicia lo ha dejado claro: "En Catalunya, no podemos ser eficientes si se mantiene la alta movilidad de jueces y fiscales, por muchos recursos que invertimos." Una de las actuales iniciativas es becar a opositores que viven en el país.