La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la prohibición de las concentraciones y manifestaciones del 8-M acordadas por la Delegación del Gobierno por razones de salud pública ante la pandemia, tras rechazar tres de los recursos planteados contra esta medida, que fueron interpuestos por el Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid y el Fórum de Política Feminista de Madrid; Feministas del Barrio de Fuencarral-El Pardo y Camila Banderas Briceño. Estas organizaciones eran convocantes de diversos actos que debían tener lugar este domingo día 7.
El argumento principal de dichos recursos es que se vulneraba el derecho de reunión a la vez que se les discriminaba por razones de género. No obstante, la corte madrileña ha sostenido que en este caso primera el derecho "a la salud, la integridad física y la vida de las personas" ante el grave riesgo que supone para todos la Covid-19.
Seis recursos más
Estos tres, por eso, no son los únicos recursos presentados, sino que el TSJM tendrá que resolver sobre seis más en relación con los actos que estaban previstos para mañana, pero que la delegación del Gobierno decidió suspender el jueves. Entre ellos, se encuentran los presentados por los sindicatos de UGT o CCOO, así como otras organizaciones como el Movimiento Feminista de Madrid o la Comisión de 8-M. Está previsto que a lo largo de la jornada de hoy, el TSJM resuelva sobre estos recursos.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado al TSJM que mantenga la prohibición alegando al "riesgo" que supone para la salud pública la celebración de este tipo de actos. Además, ha argumentado que la prohibición de la manifestación se basa en la propia normativa del estado de alarma.
Tras la suspensión de ayer, de las manifestaciones organizadas para hoy, parece poco probable que el TSJM resuelva a favor de los colectivos feministas y permita mañana celebrar las distintas concentraciones, que en el caso de la Comunidad de Madrid estaban previstas realizarse mañana por la tarde en cinco puntos diferentes de la capital para evitar aglomeraciones.
Para prohibir las protestas de hoy, el TSJM ha basado su alegato en un informe del Consejo General de Colegios de Médicos que desaconseja la asistencia a estas concentraciones por el riesgo que implican para la salud pública de la población en general.
En el caso de la Comunidad de Madrid, la incidencia acumulada es de 253,11 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, según datos del ministerio de Sanidad publicados este viernes. Esta cifra se sitúa por encima de la media española, que es de 153,28, pero muy por debajo del pico de la tercera ola cuando a finales de enero alcanzó los 994,79 por cada 100.000 habitantes en aquest territori.
"En las circunstancias actuales, y ante las condiciones en que se pretende el ejercicio del derecho fundamental de reunión cuya tutela se demanda, estima esta sala que dicho ejercicio entra en conflicto con bienes y valores constitucionales como la salud pública, y más concretamente, la salud, la integridad física y la vida de las personas, que deben prevalecer frente aquel", explica una de las resoluciones judiciales.
Concentración frente del TSJM
Mientras el tribunal se reunía ayer para deliberar sobre esta cuestión, que dio a conocer esta madrugada, en la puerta de la corte se han concentrado un grupo de mujeres para pedir que reconsideraran esta cuestión.
El mismo deseo mostró la secretaria de Organización de CCOO en Madrid, Paloma Vega, quien ha indicado, recientemente, que esperaba un fallo a favor de la justicia porque "no hay ninguna razón jurídica de peso que impida las movilizaciones". Vega ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, de cometer “un atentado contra los derechos fundamentales” al prohibir las manifestaciones feministas.
Esta semana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, mostró su disconformidad con la decisión del delegado del Gobierno de prohibir las concentraciones feministas. Si bien destacó que, como miembro del Ejecutivo, está obligada a acatar esta orden, lamentó que se señale y se criminalice el movimiento feminista.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, destacó que la decisión de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid tiene como objetivo "no agravar más" la situación sanitaria de la Comunidad, que tiene "las peores cifras de la pandemia".