Paso clave y obligado. La magistrada de Badalona que investiga la incineradora del Besòs por hacer emisiones contaminantes ya ha preguntado al Congreso de los Diputados si Eloi Badia (Comuns, en el grupo de Sumar) es diputado en esta cámara, según han informado fuentes jurídicas a ElNacional.cat este jueves. Esta comprobación es obligada cuando un juez tiene una causa con una persona aforada y tiene que elevar la instrucción al órgano que lo puede investigar. La Fiscalía de Barcelona y la plataforma Airenet presentaron una querella contra Eloi Badia por la gestión de la incineradora, cuando era concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona y presidente de TERSA -la empresa pública que gestiona la planta que quema basura del área metropolitana- y contra el jefe de explotación de la planta.
Badia obtuvo el acta de diputado en el Congreso en agosto del 2023 y, por lo tanto, es aforado en el Tribunal Supremo. Cuando reciba la respuesta del Congreso, la titular del juzgado de instrucción 5 de Badalona tendrá que hacer una exposición razonada con los indicios delictivos, y elevarla al alto tribunal español. Al final, será el Supremo quien decida si asume o no la causa contra el diputado de los Comuns.
Causa reabierta
Recientemente, la Audiencia de Barcelona hizo reabrir y enviar a juicio la causa de la incineradora, situada en Sant Adrià de Besòs. La sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona considera que sí que hay indicios que la planta podría haber cometido un delito contra el Medio Ambiente y haber puesto en riesgo la salud de las personas porque habría quemado la basura a una temperatura inferior y no se eliminarían los contaminantes, tal como exige la normativa europea. Tersa niega estas supuestas irregularidades.
Indicios de irregularidad
El fiscal de delitos contra el Medio Ambiente, Víctor Castells, y el abogado de la entidad Airenet, el penalista Francesc Jufresa, pidieron la reapertura de la investigación de la incineradora del Besòs, tal como acordó la Audiencia de Barcelona. Inicialmente, la magistrada la cerró al considerar que la planta cumplía los controles exigidos por la Generalitat.
La Guardia Civil, en una inspección a la planta, autorizada judicialmente, vio que se recogían cifras imposibles para quemar la basura y desde la empresa se atribuyó a un error de la recogida de datos sobre el algoritmo que programa el crematorio. La Audiencia de Barcelona, pero, ha subscrito la tesis del cuerpo armado que hay "anomalías en las temperaturas", hecho que implica que la incineradora quemaría por debajo de los 850 grados, temperatura con la cual no se eliminan las toxinas.
A pesar de la resolución, Tersa insiste que no ha cometido ninguna irregularidad y que la incineradora o planta de valorización energética "dispone de la última tecnología para el correcto control y vigilancia de la seguridad ambiental". Además, añade que tiene controles realizados por universidades y empresas externas.