La Audiencia de Barcelona ha reabierto la investigación del caso de Antonio, un vecino de Badalona muerto por un paro cardiorrespiratorio después de recibir 6 descargas con un Dispositivo Conductor de Energia (DCE), conocido por pistola Taser, por parte de un agente de los Mossos d'Esquadra para controlar su estado de agitación, en el 2021. La reapertura del caso, que cerró el juzgado de instrucción 2 de Badalona, ha sido a raíz del recurso presentado por el centro Irídia, litigio que se ha incluidó en su Informe sobre Violencia Institucional del 2023, que presenta este martes en el Col·legi de Periodistes de Catalunya. La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, y otras profesionales del centro para la defensa de los derechos humanos darán detalles de las causas que llevan, la mayoría contra agentes policiales pero también contra una decena de funcionarios de prisiones por vulneración de derechos
En la resolución, de diciembre de 2023, la sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona sostiene que hay que aclarar los hechos y destaca, según Irídia, "graves carencias en los mecanismos internos de control de la actuación policial, especialmente con respecto al informe de auditoría hecho por la División de Evaluación de Servicios (DAS) de la Dirección General de la Policía," que validó la actuación de los mossos en Badalona. La abodada y coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, y Annoris, la hermana de Antonio, explicarán el caso, que actualmente continúa abierto en el juzgado. La muerte de Antonio es la primera desde que en el 2018 se autorizó a la policía catalana a usar la pistola Taser para reducir personas alteradas, que ahora tienen también algunas policías locales de Catalunya.
Agitado y con cuchillos
El caso pasó el 26 de noviembre de 2021, cuando la madre de Antonio llamó al 112, dado que su hijo se encontraba en un grave estado de agitación en su domicilio en Badalona. Estaba dentro de una habitación cerrada, solo, y en posesión de 2 cuchillos. Desde emergencias activaron un dispositivo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y de Mossos de Esquadra, y diferentes agentes se personaron en el domicilio. El estado de agitación respondía a una problemática de salud mental previa, ya diagnosticada y conocida por el sistema de salud y por los mismos agentes del dispositivo que se activó aquel día, dado que no era la primera vez que se había activado el servicio por un estado de agitación de Antonio. Irídia lamenta que al interior del domicilio "no accedieron los profesionales médicos para dialogar con Antonio y procurar hacer una contención psicológica y desescalar la situación", sino solo agentes de los Mossos de Esquadra. Después de la actuación policial, el hombre murió.
Dos descàrrregues, ya desarmado
En concreto, se le aplicaron 6 descargas eléctricas con un Dispositivo Conductor de Energía (DCE). Irídia detalla que el agente que disponía del DCE aplicó 2 descargas iniciales como método de reducción de Antonio., de 5 segundo cada una, después de las cuales Antonio se cayó al suelo. Después le aplicó 2 descargas más, momento en que se le sacaron los cuchillos y se lo redujo también físicamente. Finalmente, con Antonio en el suelo con varios agentes aplicando una contención física, sin que este opusiera resistencia, se le aplicaron 2 descargas más. A partir de estos hechos, y dentro del domicilio, el hombre entró en paro cardiorrespiratorio y fue trasladado al hospital donde murió al día siguiente.
En el atestado policial, los agentes de los Mossos hicieron constar que tenían sospechas de que Antonio había tomado alguna sustancia estupefaciente, ya que conocían que era consumidor habitual de drogas tóxicas. La autopsia definitiva concluye que la muerte de Antonio se produjo en un contexto en que la descarga con el DCE inició una serie de procesos físicos en una persona que se encontraba con un delirium agitado y habiendo consumido sustancias psicoactivas.
La madre de Antonio se personó en el procedimiento penal iniciado a consecuencia de la muerte por aplicación de DCE a fin de que se llevara a cabo una investigación de los hechos. La causa, sin embargo, se sobreseyó y archivó un año después de su incoación, sin haberse practicado las diligencias necesarias para aclarar los hechos y responsabilidades, según Irídia, que obtuvo la aprobación de la Audiencia para reabrir el caso.
Se informa de que, por una parte la Audiencia de Barcelona, señala que la auditoría elaborada por los Mossos no analiza las circunstancias en que se procedió a accionar el DCE para evaluar la oportunidad y necesidad de hacerlo. Por otra parte, el tribunal reseña que la auditoría no refiere los datos del registro de aplicación del DCE, que es un mecanismo de trazabilidad de que disponen estas armas, aunque al mismo atestado policial se mencionaba la existencia. Finalmente, se señala que el informe de auditoría no analiza las imágenes de las cámaras de grabación.
Falta de control
Irídia denuncia que Antonio recibió 2 descargas cuando "ya estaba desarmado", y asegura que "se constata que las actuales prohibiciones de uso de la pistola Taser previstas al protocolo policial no son efectivas y admiten un uso potencialmente letal". Para Irídía, el caso de Antonio "es una muestra de cómo, incluso en una actuación policial con resultado de muerte, se da una falta de control por parte de los superiores jerárquicos y una investigación policial interna deficiente". Añade que "estas carencias se traducen también en el hecho de que los familiares no tengan respuestas, acompañamiento ni ninguna reparación por parte de los responsables o la administración, incluso después de más de 2 años desde la muerte de Antonio".
Cuerpos policiales con Taser
Con respecto a las pistolas Taser, Irídia indica que en el caso de los Mossos de Esquadra, su uso está regulado a la Instrucción 4/2018 de la Dirección General de la Policía, publicada en la web del Departament de Interior. No obstante, añade que "se desconocen los protocolos utilizados por parte de las policías locales, si es que tienen específicos." Por eso, considera "urgente" que las policías locales que disponen de estas armas publiquen sus protocolos. Y, con respecto a los supuestos de uso de un DCE a la Instrucción 4/2018, Irídia pide que "la normativa sea más restrictiva en qué casos se puede utilizar y se amplíen los supuestos de exclusión".
Más de cien denuncias
Irídia incluye el caso de Antonio en su informe, donde detalla el trabajo del Servicio de Atención y Denuncia ante casos de Violencia Institucional (SAIDAVI), que nació -según el centro- "para dar una respuesta integral a las vulneraciones de derechos producidas por parte de las instituciones públicas". En su informe, precisa que durante el año 2023, 146 personas se han dirigido al SAIDAVI para denunciar vulneraciones de derechos humanos. De este total, 55 personas y 2 colectivos han sufrido violencia institucional y sus casos entraban dentro del ámbito de actuación del servicio; el resto, cuando correspondía, se han derivado a otras entidades o servicios que les podían dar apoyo. Se precisa que los casos enmarcados en el servicio que lo requerían se han atendido con una primera entrevista psicojurídica, con asesoramiento jurídico y de acompañamiento psicosocial y acciones comunicativas y de incidencia, cuando ha correspondido. En los casos de personas privadas de libertad, se han hecho visitas a centros penitenciarios y al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona.
Con respecto al perfil de las 55 personas afectadas, 20 eran mujeres, 34 eran hombres y de una de las personas no consta el género. En relación con la edad, hay una que en el momento de los hechos era menor de edad; 24, de entre 18 y 34 años; 16, de entre 35 y 64 años y, 14 personas de las cuales no consta la edad, ya que se las ha atendido telefónicamente.
Finalmente, de los 57 casos atendidos, 35 han estado por actuaciones policiales o de seguridad privada en el espacio público; 5 pordenuncias de vulneraciones de derechos a la prisión; 5 en casos en que la persona se encontraba bajo custodia policial, 4 en domicilios privados, 4 en contexto de protesta, 1 en el CIE y 3 en contextos diversos diferentes de los anteriores.
Litigios estratégicos
De las denuncias que reciben, Irídia las estudia y asume la representación jurídica de ciertas de vulneración de derechos humanos para conseguir lo que llama que sea litigio estratégico. Es decir, a partir de un caso individual, "se busca provocar un cambio social más amplio, planteando el litigio estratégico como una herramienta para prevenir y evitar la repetición, para establecer mecanismos de control y de rendición de cuentas, asegurar mecanismos para la reparación efectiva y el cumplimiento del deber del Estado de hacerse responsable", recuerda la entidad de derechos humanos.
Durante el 2023, Irídia explica que se han cerrado 7 de estos 56 litigios, por lo tanto, al acabar el año 2023, se mantienen 49 litigios estratégicos abiertos de otros añis; el m´çás antiguo de 2016.. Del total de litigios, 9 se han asumido este 2023. Se trata de 3 litigios por vulneraciones de derechos al espacio público; 3 litigios de defensa del espacio de la sociedad civil; 2 de privación de libertad y 1 de memoria histórica.
Cien agentes pendientes de juicio
Un año más, Irídia denuncia comportamientos racistas en los cuerpos policiales y de seguridad en Catalunya. Precisa que en 20 de los 49 casos denunciados hay un componente de racismo. Es decir, hay racismo en el 41% de los casos, cifra que implica un aumento respecto del año pasado, que se identificaron en un 33,3% de los casos. De los 49 litigios, 42 se siguen por la vía penal y 7 por vía de la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat de Catalunya o el Gobierno, por la vía administrativa o contenciosa.
Además, hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados en un procedimiento penal. Concretamente, hay 82 investigados, de los cuales 34 pertenecen al cuerpo de Mossos de Esquadra; 12 en el cuerpo de Policía Nacional; 19 son agentes de Policía Local; 10 son funcionarios de prisiones y 7 vigilantes de seguridad privada.
En concreto, hay 74 agentes que se encuentran ya acusados y pendientes de juicio o en fase de presentar escritos de acusación en contra suya. Se trata de 14 agentes de Mossos dwEsquadra; 51 agentes de Policía Nacional (por el caso del 1-O, que habrá que ver si son amnistiados), 4 agentes de Policía Local y 5 agentes de seguridad privada.
Falta de investigación interna
Además de casos concretos, Irídia cierra sus informes con la detección de carencias en los cuerpos policiales y los de seguridad, y repasa el trabajo hecho desde la Fiscalía, los tribunales, y otros organismos, como forenses y el Colegio de Abogados de Barcelona.
En el caso de los Mossos, Irídia manifiesta que los mecanismos internos para identificar agentes o su superior es "deficiente". La entidad califica "preocupante que de los 37 litigios contra agentes policiales en curso durante el 2023, solo en 13 casos se ha llevado a cabo algún tipo de investigación a través de mecanismos internos de investigación". Se detalla que de estas, solo 4 se han iniciado de oficio, el resto solo se ha hecho por requerimiento judicial. En 12 de las investigaciones se ha concluido que no se podía identificar el autor o que no había conducta delictiva y solo 1 ha resultado cumplir con los requisitos mínimos de suficiencia y efectividad identificando los hechos y los autores.
Irídia también denuncia que "en 10 de los casos, la investigación interna se ha centrado más en la conducta de la persona denunciante llevando a cabo valoraciones peyorativas, que en la del agente denunciado". Adicionalmente, solo en 1 de los casos consta que se hayan tomado medidas cautelares en el marco de un procedimiento sancionador interno, mientras se lleva a cabo la investigación. Por todo eso, Irídia nuevamente reclama un mecanismo independiente de control de la actuación de los Mossos y otros cuerpos policiales, como existe en otros países.
Agentes sin identificar en manifestaciones
Irídia también informa de que entre septiembre y diciembre de 2023, al menos en 8 ocasiones se ha podido constatar que, durante el transcurso de un contexto de movilización social, una mayoría importante de los agentes del cuerpo de Mossos de Esquadra (PG-ME) desplegados en la vía pública no iban correctamente identificados con el Número de Operativo Policial (NOP) en la parte posterior del chaleco antitrauma, en la espalda o bien, tratándose de unidades de seguridad ciudadana, tenían el número TIP oculto bajo el chaleco antibala. La entidad recuerda que la Instrucción 8/2020, sobre el establecimiento del número operativo policial en el Área de Brigada Móvil y a las áreas regionales de recursos operativos, "supuso un paso adelante con respecto a la identificación de los agentes del Área de Brigada Móvil con funciones de orden público, haciendo la numeración visible 360°, y que esta orden se aprobó gracias al impulso de organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos".
Fiscalía, nuevamente cuestionada
Un año más, Irídia es crítica con el papel de la Fiscalía. Sostiene que de los 42 litigios penales, solo en 3 la Fiscalía ha tenido un papel proactivo de fomentar la investigación o acusación, mientras que en 21 casos el Ministerio Fiscal ha tenido un rol contrario a la práctica de una investigación exhaustiva y eficaz de los hechos denunciados, se ha opuesto a la personación de la acusación particular o ha pedido el archivo de las actuaciones o la absolución del acusado, a pesar de haber indicios contundentes. En el resto de casos, Irídia declara que "el rol del Ministerio Fiscal ha sido de inactividad".
4 funcionarios de Brian 1 denunciados
Por ejemplo, Irídia precisa que la Fiscalía está "absolutamente ausente en una denuncia por torturas en el centro penitenciario Brians 1". Irídia detalla que el 21 de marzo de 2020, 4 funcionarios de la prisión Brians 1 participaron, supuestamente en golpear, agredir y lanzar en el suelo poniendo una rodilla en el cuello de un interno (M.K.) cuando estaba en la oficina de instancias para hacer un trámite. Lo insultaron, dijeron comentarios racistas y amenazaron como represalia por un incidente con que había tenido lugar 2 días antes en la prisión. Lo trasladaron al DERT donde lo hicieron desnudar íntegramente y lo volvieron a golpear. Estuvo 3 días sin poder comunicarse y allí inició una huelga de hambre durante 8 días, durante los cuales no pudo salir al patio. Posteriormente, uno de los funcionarios lo obligó a firmar un papel donde asumía su participación en el incidente que había tenido lugar 2 días antes en la prisión, bajo amenazas y agresiones físicas. Finalmente, el interno fue trasladado al centro penitenciario de Lledoners. El juzgado archivó la denuncia por torturas, y ahora, tres años después la Audiencia de Barcelona ha hecho reabrir la investigación al no haberse realizado ninguna diligencia para aclarar los hechos, según Irídia que, como el caso de Antonio, ha presentado recursos para lograr la reapertura del caso.