La Audiencia de Barcelona ha ordenado que se reabra la investigación por la muerte de 87 personas mayores en la residencia Domus Vi Ca n'Amell, de Premià de Mar, durante la covid-19. El titular del juzgado de instrucción 2 de Mataró, con el visto bueno de la Fiscalía, archivó la investigación contra la dirección del centro, en julio de 2024, porque indicaba que no se podían demostrar acciones delictivas. Ahora, sin embargo, el tribunal ordena que se reabra el caso y que se envíe a juicio la dirección del centro, acusados de los delitos de trato degradante, lesiones y homicidio por imprudencia grave, según el auto avanzado La Vanguardia y al que ha tenido acceso ElNacional.cat este martes.
El Ayuntamiento de Premià de Mar, que es acusación particular, presentó un recurso contra el archivo de la causa dirigida contra el director y la doctora jefe del centro, que en abril de 2020 fue intervenida por la Generalitat por las deficiencias que tenía. La reapertura de este caso es excepcional. Pasada la pandemia, la Fiscalía tenía unas 200 residencias de Catalunya bajo revisión para analizar su gestión, y la mayoría se archivaron ante la situación excepcional vivida y al no poder demostrarse una negligencia en la atención de las personas mayores muertas.
Trato degradante a los usuarios
La residencia geriátrica Domus tenía el 2020 unas 272 plazas durante la pandemia y atendía a 230 usuarios, de los cuales hasta el 18 de abril murieron 64 y posteriormente otros 23. Enfermeras y médicos del CAP de Premià de Mar visitaron a los usuarios del centro y detectaron graves déficits de atención entre marzo y abril de 2020 y negligencias, según declararon en el juzgado.
Después de los interrogatorios de los responsables del centro y las trabajadoras, el juzgado de Mataró archivó la causa al asegurar que "los contenidos y conclusiones de los informes forenses, se señala que no puede determinarse que los investigados hayan incurrido en ninguna acción negligente que merezca reproche dentro del ámbito penal". Por el contrario, el Ayuntamiento de Premià de Mar presentó recurso contra el sobreseimiento del caso al afirmar que indiciariamente había quedado acreditado con la documental y sobre todo con las declaraciones efectuadas en su momento tanto en sede policial como judicial por los trabajadores de la residencia y por los propios perjudicados que los residentes recibieron un trato degradante".
En el auto, la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona es contundente en su respuesta y sostiene que hay indicios de al menos un trato degradante a los usuarios, como sostiene el consistorio. "Una cosa es que estando bien atendidos, de los cuidados de la cual eran responsables los querellados, los ancianos se infectaran del virus COVID-19 hubieran muerto a consecuencia de este, y otra cuestión totalmente diferente es que- y al margen que efectivamente pudieran contagiarse- durante estas semanas de los meses de marzo y abril de 2020 estuvieran abandonados a su suerte sin prestarle la más mínima ayuda para subvertir sus necesidades físicas, de higiene, comida, en el margen de la omisión mínima de una atención emocional que una persona merece", afirma el tribunal en la resolución.
Precisamente, la semana pasada se cumplieron cinco años de la pandemia y el confinamiento obligado para frenar el coronavirus, y profesionales sanitarios sostienen que sigue habiendo carencias en los centros de atención primaria.