Catalunya necesita a 55 jueces más para poder aplicar con éxito la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embudos. Así de claro lo ha afirmado la secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, en un reciente encuentro con periodistas, y ha añadido que si no se corrige este déficit, Catalunya saldrá con "desventaja" respecto con el resto de territorios del Estado español (ya que tiene una ratio inferior de jueces y módulos de trabajo superados), que puede dificultar la implantación de los Tribunales de Instancia y el conjunto de cambios, que progresivamente se tienen que ejecutar este año. Los Tribunales de Instancia son una nueva figura organizativa, que aglutinará jueces y funcionarios para optimizar recursos y que hará desaparecer los juzgados unipersonales.
La reclamación de más jueces ya se ha realizado ante el Gobierno, sin invalidar el compromiso que "Catalunya quiere ser la punta de lanza" de esta ley, en palabras del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, en la presentación de la norma con el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en Barcelona. A pesar de este déficit, para Aguilar la ley de eficiencia es necesaria porque "mejorará el servicio a la ciudadanía, unifica criterios de los jueces y agiliza sustituciones", aunque admite que "los resultados no se verán hasta dentro de unos tres o cuatro años".
Reforma sin inversión
La reclamación del Departament de Justicia es compartida por la judicatura y, especialmente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que en sus últimos discursos ha asegurado que en Catalunya faltaría crear un centenar de plazas de magistrado, que se tendrían que sumar a las 855 actuales, aparte de cubrir las vacantes en los juzgados, que pueden llegar a ser unas ochenta. La judicatura ha criticado abiertamente que la ley orgánica 1/2025 no vaya acompañada de inversiones concretas para esta transformación organizativa global y donde también se quiere implantar las comunicaciones telemáticas en los juzgados y potenciar la mediación para reducir el número de litigios. Actualmente, hay jueces que llevan un juzgado y medio. La Abogacía de Catalunya ya hace meses que alertó de este nuevo colapso excepcional en los juzgados, y que la celebración de juicios se fijaban ya para el 2027.
Alba Larragay, una de las ocho nuevas juezas catalanas
Precisamente, Catalunya tendrá ahora 30 nuevos jueces titulares, al acabar su formación y recibir los despachos en un acto presidido por el rey Felipe VI, este jueves. Aparte, habrá 18 jueces y juezas más que se quedarán de refuerzo a los tribunales, la mayoría (13) en Barcelona. La 73.ª promoción es formada por 137 nuevos jueces y juezas. Alba Larragay Fuentes, de 26 años y nacida en Sant Feliu de Guixols, es una de las 8 juezas catalanas de la promoción, cifra que evidencia que la vocación sigue siendo escasa en Catalunya.
En conversación con ElNacional.cat, Larragay se muestra muy contenta del hito alcanzado, que asegura que no lo hubiera conseguido si no hubiera sido "con el apoyo de su familia" y también de tener un excelente preparador. Larragay ha aprobado las difíciles oposiciones a juez con solo 2 años de preparación, con una de dedicación de unas diez horas diarias de estudio; "me marcaba los objetivos", afirma. La media de preparación de su promoción, ha sido de 5 años y dos meses.
Un camino "lleno de incertidumbres"
"Siempre he querido dedicarme a la judicatura, desde que hacía la carrera de Derecho lo tenía claro", explica Alba Larragay. ¿Por qué? "Poder hacer justicia en una sociedad de la forma más imparcial y objetiva es la función de aplicar la ley", responde. La jueza también comparte que el sistema actual de oposiciones a juez es correcto: "Es objetivo y se valoran capacidades, de forma oral y escrita. Hay compañeros que han tenido becas, y otros que han trabajado, aunque combinarlo es difícil." Es el mismo posicionamiento que afirmó la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, en el acto judicial al asegurar que el actual sistema "es democrático", enfrente de la reforma que impulsa el Gobierno, asegurando que no es lo suficiente transparente ni accesible a todo el mundo.
De la falta de vocaciones de jueces en Catalunya, Alba Larragay plantea que se tendría que ofrecer más este camino en las universidades, aunque admite que la mayoría de compañeros opta por la vía privada, en despachos de abogados, ya que hay más oferta que otras comunidades. "Ha sido un camino largo y lleno de incertidumbres porque puedes estudiar mucho y no aprobar o no tener una plaza. Es un día muy importante y especial, lo hemos conseguido. Mi familia también", declara contenta. Alba Larragay ha podido escoger destino y será la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la Bisbal d'Empordà, donde ya hizo sustituciones. Y preguntada por la reforma global que implica la ley de eficiencia, la jueza - que pronto jurará el cargo en un acto en el TSJC- es positiva: "Nos adaptaremos."
La planta judicial, clave
El déficit de jueces en Catalunya es estructural, según la judicatura. Es decir, habría que ampliar la planta judicial, cambio que se tendría que hacer con una reforma de la ley. La ley de eficiencia mantiene los actuales 49 partidos judiciales en Catalunya, y sus edificios se tendrán que transformar en espacios diáfanos para acoger los 49 tribunales de instancia, con secciones únicas de los ámbitos civil, penal, violencia sobre la mujer y delitos sexuales. Los partidos más grandes tendrán otras secciones especializadas, como mercantil o violencia contra la infancia y la adolescencia.
En este sentido, el Departament de Justicia ha creado cinco grupos de trabajo con los operadores jurídicos y en febrero espera poder tener una radiografía detallada de la distribución de jueces y del dinero que hay que invertir. El ministro Bolaños ya admitió que la nueva sección de violencia contra la mujer tendrá un 20% más de trabajo al asumir todos los casos de delitos sexuales. Y es que los primeros cambios se tienen que implantar en julio.
Buscando jueces contra la multirreincidencia
La secretaria para la Administración de Justicia también tiene en cuenta que se tendrá que sentar a negociar con los sindicatos que representan a los 5.000 funcionarios que trabajan en los juzgados, y a algunos de los cuales tendrán que mejorar su remuneración, al asumir más trabajo y responsabilidades. Se admite que un palo en la rueda es tener el presupuesto de la Generalitat prorrogado, a pesar de que se añade hay margen porque los cambios podrían no tener que aplicarse hasta el año que viene. Los funcionarios trabajarán en las nuevas oficinas judiciales, de las cuales 28 ya están modernizadas y faltan 21 por adaptar, según los datos del Departament de Justicia. También habrá que invertir en las Oficinas de justicia de municipios, que integrarán los 898 juzgados de Pau de Catalunya y tendrán más funciones.
Una muestra evidente que faltan jueces en Catalunya es el plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, consensuado por el Gobierno y la Generalitat. La decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, está haciendo lo imposible por cuadrar agendas y tener la disponibilidad de dos jueces -que tendrán que dejar su juzgado- para instruir y juzgar a los detenidos por hurtos, y otros dos jueces serán de refuerzo.
En la foto principal, Alba Larragay con el despacho de jueza, en el Auditorio del Fòrum, el jueves. / Foto: Montse Giralt