El Departament de Justícia ha rectificado la circular que se emitió a finales de agosto, ya con el equipo actual, y ha ordenado un nuevo protocolo que aleja definitivamente a los presos involucrados en delitos extremadamente violentos, como asesinatos o lesiones graves, de las cocinas de las prisiones de Cataluña. Esta medida corrige el protocolo que se aprobó con una circular anterior, del 29 de agosto. Este cambio llega justo seis meses después del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric, la prisión de Tarragona, que fue muerta a manos de un interno con un cuchillo.
Revisión y rectificación
Ramon Espadaler, conseller de Justícia, ha asegurado que la revisión y rectificación de este protocolo sobre el acceso de los reclusos a puestos de trabajo en los recintos penitenciarios veta ahora el acceso a las cocinas de los presos con delitos de sangre, tanto penados como preventivos, y por tanto, rectifica la circular que su mismo departamento, aunque elaborada por el anterior equipo, hizo pública a finales de agosto. Desde el crim de Tarragona se había iniciado un replanteamiento sobre la incorporación de presos violentos a las cocinas de los centros penitenciarios, pero esta reflexión se había quedado a medias con la circular de agosto y se ha enmendado ahora con el nuevo texto, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat.
El anterior equipo que lideraba el Departament de Justícia, con la exconsellera Gemma Ubasart al frente, había confeccionado un nuevo protocolo, que debía entrar en vigor el próximo octubre, que no impedía a los presos involucrados en delitos de sangre trabajar en las cocinas siempre que cumplieran con una serie de requisitos de buena conducta, un extremo que ahora queda anulado con esta nueva directriz.
Equilibrio entre la seguridad y la reinserción
La secretaria general de Mesures Penals, Elena Pérez, una veterana de la casa que sustituye a Amand Calderó, cuestionado por los sindicatos de trabajadores de las prisiones, ha hecho público este nuevo protocolo que se ha enviado hoy a todos los centros y que obligará a revisar quién puede y quién no puede trabajar en las cocinas de los centros penitenciarios.
"Se trata de equilibrar dos cuestiones que son de igual importancia: la seguridad en el trabajo por parte de los servidores públicos y los derechos de los internos, y preservar algo que es sustantivo, que es la convivencia en los centros", ha asegurado el conseller Espadaler. El conseller de Vic cree que es una medida "de sentido común", porque resulta difícil entender que alguien que tiene delitos violentos, a veces con armas blancas, con resultado de muerte o lesiones graves, pueda trabajar con determinadas herramientas, como cuchillos. La nueva medida calibra entre la seguridad y la reinserción, ha apuntado el de Units per Avançar, ahora al frente de Justícia del gobierno de Salvador Illa.