Rectificación. El Departament de Justicia, que encabeza Gemma Ubasart, ha anunciado que autorizará que reclusas de la prisión Wad Ras de Barcelona participen en un estudio sobre derechos, que quiere hacer el centro Irídia. La entidad denunció este jueves que el anterior equipo de Justicia, dirigido por Lourdes Ciuró, "denegó el acceso a la prisión" a la entidad de derechos humanos para realizar un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona y deseaba poder realizarlo en el 2023 con la aprobación de la nueva dirección en el departament. La respuesta no ha tardado en llegar: se concederá el permiso, han informado fuentes de Justicia, antes de finalizar esta semana. Actualmente, en las prisiones catalanas hay 7.715 personas cerradas, de las cuales 549 son mujeres (6,6%), según la estadística de Servicios Penitenciarios. El viejo edificio de Wad Ras concentra el número más elevado de mujeres reclusas en Catalunya: hay 210 mujeres que cumplen condena y 69 en libertad condicional. El resto de presas están en el centro: Brians 1, con 137 mujeres; Mas d'Enric (Tarragona), 42; Puig de les Basses (Figueres), 32; Ponent (Lleida), 25; en el centro abierto de Girona, 17; en el de Tarragona, 14, y en el abierto de Lleida, 12. La nueva prisión de mujeres de Barcelona, proyectada en la Zona Franca y que tiene que sustituir la de Wad Ras, no tiene fecha de inicio de construcción.
Irídia explica que el informe que quería desarrollar en Wad Ras forma parte del proyecto Promoción de políticas públicas interseccionales para la protección de los derechos de las mujeres privadas de libertad a la ciudad de Barcelona, financiado con una subvención de la concejalía de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona. Añade que "el proyecto nació con el objetivo de fomentar la participación política de las mujeres presas, canalizando sus vivencias y necesidades para hacer oír su voz y promover políticas públicas garantistas de sus derechos". La investigación contemplaba "la intervención directa de las mujeres presas, en tanto que son las que mejor conocen su realidad y las contingencias que afrontan". Por eso, se considera "imprescindible" la entrada en la prisión "para poder explicar el proyecto a las internas, solicitar su cooperación y hacer un trabajo cualitativo con el testimonio de sus vivencias".
Irídia informa que el agosto pasado Servicios Penitenciarios le denegó la entrada en Wad Ras, asegurando -según la entidad- que su investigación podría aportar evidencias de forma "limitada", ya que solo se hacía el centro penitenciario de Mujeres de Barcelona y que se había encargado un estudio a la Universidad Autónoma de Barcelona con un idéntico objetivo. Irídia esperaba un cambio de opinión con la nueva dirección del Departament de Justicia y la ha obtenido.
Trabas a la libertad de expresión
La entidad expone que "ante estos obstáculos" se modificó el enfoque de la investigación y se ha adaptado la metodología: se han realizado entrevistas individuales con mujeres en tercer grado penitenciario, abogados y miembros de entidades que colaboran en las prisiones. El estudio precisa que ha entrevistado a tres mujeres en semilibertad, dos abogados especialistas y representantes de la Fundación Ared y la associció Justicia y Pau, entidades de las cuales se destaca su larga trayectoria de vinculación y ayuda a reclusos y reclusas. Se precisa que también se ha entrevistado a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, encerrada en los centros de Mas d'Enric y Wad-Ras, de forma preventiva y una vez condenada por sedición por impulsar el procés de independentista de Catalunya. Forcadell y también la exconsellera Dolors Bassa, encerrada en Puig de les Basses, denunciaron que la mayoría de mujeres reclusas están en prisiones de hombres, pensadas para ellos, y con menos recursos formativos y de ocio.
El informe expone que el funcionamiento de las instancias en la prisión "genera muchos problemas a las personas privadas de libertad" y que las internas tienen que utilizarlas para vehicular todo tipo de demandas, "como una suerte de mecanismo universal para canalizarlo todo": para solicitar permisos, visitas con el Servicio de Orientación Jurídica y vis-a-vis, pero también para quejarse sobre el funcionamiento del centro, por el trato recibido o por las condiciones de cumplimiento de la pena. Se añade que las internas desconocen el plazo para obtener respuesta y que en muchas ocasiones acaban por no obtenerla. "Ahora mismo, la dinámica y el funcionamiento de la prisión ponen muchas trabas a la libertad de expresión de las personas presas, a la posibilidad de hacer una crítica necesaria a la institución y a comunicar quejas, necesidades y disconformidades," concluye Irídia, además de las limitaciones de comunicación con el exterior.
Grupos de trabajo con reclusas
Por eso, Irídia plantea tres recomendaciones. La primera, que el Departament de Justicia, junto con el Departament de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, impulsen la creación de un grupo de trabajo que cuente con la participación de las personas presas, asociaciones y colectivo de familiares, así como organizaciones del tercer sector y de derechos humanos con el fin de realizar "un plan de acción para la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Catalunya, específicamente con respecto a la garantía de las comunicaciones con el exterior así como para el ejercicio de los derechos de participación política". La segunda es que se impulse la creación de grupos de participación de las mujeres privadas de libertad en los diferentes centros penitenciarios de Catalunya, con el objetivo que se tenga en cuenta la voz de las mujeres en la toma de decisiones que afectan a su cotidianidad y su vida en la prisión. Y la tercera que Justicia garantice la entrada de entidades de derechos humanos en las prisiones, y que las personas encarceladas puedan hablar con ellas.
La ley estatal que regula el funcionamiento de las prisiones precisa que se tiene que fomentar la participación de los reclusos. Y últimamente, los centros penitenciarios catalanes impulsan el Modelo de participación y convivencia (MPiC), a través del cual se asegura que "se fomenta la participación y la interacción de todos los agentes de la institución y requiere la implicación de todos los profesionales, entidades colaboradoras y de voluntariado, internos y familias", con la finalidad de que las personas privadas de libertad recuperen espacios de autonomía en su proceso de rehabilitación.
En la foto principal, la consejera|consellera Gemma Ubasart, de espaldas, en su visita a la prisión de Wad Ras, el 2 de diciembre pasado. /Foto: Departamento de Justicia