La conselleria de Justícia de la Generalitat ha asegurado este jueves que está "finalizando" la revisión de las salas de los juzgados para que no coincidan las víctimas de violencia machista y sus agresores, y evitar así su revictimización y que retrocedan en el proceso judicial por miedo. Este comunicado llega paralelamente en la publicación de un informe del Consejo de Colegios de la Abogacía de Catalunya (CICAC), en el cual denuncian que buena parte de los edificios judiciales del país no garantizan una buena atención a las víctimas de violencia machista, y detallan que de los 49 partidos judiciales, hay al menos 13 sedes judiciales sin espacios específicos habilitados para las víctimas, y siete más con espacios poco adecuados. El resto, 29, con más o menos condiciones, tienen espacios razonablemente satisfactorios para ellas.
Desde Justicia, esperan que se ultime este estudio antes de que acabe el verano, y afirman que también trabajan en un Plan Estratégico de Atención a la Víctima del Delito que entrará en vigor a finales del 2022 y que incluye el refuerzo del papel de las oficinas de atención a la víctima y de los equipos de asesoramiento técnico penal, dedicados a garantizar los derechos de las víctimas antes, durante y después del procedimiento penal. El plan que entrará en vigor a finales de año "pone mucho de énfasis en las víctimas de la violencia de género", y la Conselleria ha asegurado que da respuesta a todas las peticiones de los juzgados sobre los casos de violencia de género.
Evitar el contacto entre las mujeres y los agresores
Tal como indica el informe del CICAC, recogido por la ACN y remitido al Departamento de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a menudo la falta de espacio hace que víctima y agresor, o sus acompañantes, se puedan encontrar en los pasillos, salas de espera, rellanos o en la recepción. Cuando se quiere preservar un poco la intimidad de la víctima, se la suele cerrar en una habitación pequeña, un archivo o un cubículo, cosa que todavía la revictimiza más, porque no tiene libertad de movimientos. Muy a menudo son los funcionarios quienes intentan evitar el contacto visual entre denunciante y denunciado. En cambio, el agresor, si no está arrestado, se puede mover libremente por buena parte del juzgado. En algunos lugares donde sí que hay espacios específicos para las víctimas, existe el problema de que solo es apto para una víctima, y la intimidad se dificulta si hay más de una denunciante simultáneamente, denuncia el estudio.
"Se nos tendría que caer la cara de vergüenza"
En declaraciones en la ACN, el decano del Colegio de Figueres y presidente del CICAC, Joan Ramon Puig, explica que en el ámbito penal siempre se ha puesto interés en preservar los derechos de los investigados y se han olvidado a menudo los derechos de las víctimas, de que se pueden haber sentido "desvalidas". El Estatuto de la víctima del 2015 pretendía arreglar eso, pero él calcula que se aplica una quinta parte. "Se nos tendría que caer la cara de vergüenza", ha lanzado. Admite que eso pasa con todas las víctimas de todo tipo de delitos, pero pide ser especialmente cuidadoso en el caso de las más vulnerables, como las de violencia de género o los menores de edad.
Puig detalla que en algunos edificios relativamente nuevos no se plantificó bien la zona de estancia de las víctimas ni los circuitos separados con los agresores. En los edificios más antiguos, la situación es todavía más complicada. Por eso, propone que los futuros nuevos edificios ya se planifiquen teniendo en cuenta estas necesidades y que los actuales se adecuen provisionalmente. En algunos se tendrían que cambiar los usos de espacios actuales, hacer pequeñas obras o intentar cambiar rutinas, horarios y personal para hacer circuitos separados y dejar espacios adecuados a las víctimas. De hecho, Puig ha lamentado que los juzgados de guardia son los más afectados por estas carencias, cuando en algunos municipios atienden a las víctimas durante la mitad de los días de la semana.
Juzgados con espacios deficientes
El informe, de once páginas, analiza los espacios para las víctimas de violencia de género de los partidos judiciales, y afirma que no tienen dependencias específicas habilitadas como salas de espera para las víctimas denunciantes los siguientes juzgados: Blanes, Cervera, Esplugues de Llobregat, Falset, Martorell, Rubí, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Farners, Solsona, Tarragona, Tremp, Valls y Vielha. Los juzgados de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Figueres, Lleida, Mollet del Vallès, Reus y Sabadell tienen los espacios, pero no reúnen las condiciones necesarias para proteger adecuadamente la intimidad y dignidad de las víctimas. En la Ciutat de la Justícia de Barcelona hay una sala cerrada, solamente con sillas, pero todas las denunciantes están allí dentro y no hay bastante intimidad. En el mismo complejo judicial, pero a l'Hospitalet de Llobregat, se da una situación similar, aunque la sala ni siquiera está cerrada.