El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido de manera urgente el protocolo del gobierno autonómico de las islas para acoger menores migrantes no acompañados, que han llegado por miles a la región de manera irregular a través de las rutas marítimas atlánticas que utilizan las pateras. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha accedido a las medidas cautelarísimas que ha solicitado la Fiscalía Superior de Canarias alegando “especial urgencia”. La fiscal María Farnés argumentó en su escrito que el protocolo aprobado por el gobierno canario de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en coalición con el PP “supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo” que sufren los menores al llegar.
En el recurso, la Fiscalía sostiene que el protocolo canario “vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución”. El protocolo, aprobado por el gobierno de Clavijo y publicado el pasado 12 de septiembre en el BOE, establece una serie de trámites e informes que las fuerzas de seguridad estatales tienen que realizar antes de dejar a los menores bajo custodia de las autoridades canarias, de manera que, según la Fiscalía, eso podría retrasar el proceso e imponer requisitos para el acceso a los centros de acogida.
Unos trámites que retrasan la acogida del menor
Con el modelo canario vigente, los agentes tienen que entregar una reseña policial, se tienen que inscribir los menores en el registro de menores extranjeros no acompañados (RMENA) y se tiene que someter al niño a una audiencia previa, en presencia de un intérprete y bajo el conocimiento de la Fiscalía. También tienen que obtener una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada por parte del Estado. De esta manera, la administración del Estado es la primera que recibe al menor y, una vez están todos los documentos, transfiere la responsabilidad sobre el menor a la autonomía canaria.
Después, el gobierno canario tiene que “verificar” que haya plazas disponibles en su red de acogida y, en vez de ser trasladados a los centros directamente, se entregan por agentes policiales estatales a la policía canaria y con la presencia de un funcionario público habilitado. “No existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que está donde la ley establece que tiene que estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indudables en centros policiales'', concluye el documento que la Fiscalía Superior de Canarias ha remitido al juzgado.