El juzgado de Instrucción número 5 de Badalona está investigando a la incineradora de Sant Adrià de Besòs tras una denuncia presentada a finales de marzo por la Fiscalía y que ha sido admitida a trámite. Fuentes judiciales informaron a Servimedia de que el juzgado de Badalona ha abierto una causa tras la iniciativa del fiscal, que denunció la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el funcionamiento de esta incineradora, que gestiona la empresa pública Tersa. Las fuentes consultadas indicaron que las pesquisas que realiza en estos momentos el juzgado de Badalona no se dirigen contra ninguna persona en concreto, sino que se está indagando en cómo es el funcionamiento de la incineradora. Para ello, el juez ha solicitado diversa documentación que se espera no esté disponible antes de 4 o 5 semanas y que se entiende servirá para hacer avanzar las diligencias de investigación.
La denuncia de la Fiscalía que está estudiando el juzgado de Badalona se presentó en marzo de este 2022 tras otra denuncia que en 2018 formuló la coordinadora vecinal Airenet, que sostenía que la incineradora estaba funcionando de forma irregular. Esta entidad vecinal representa a asociaciones y entidades de los municipios de Badalona, Sant Adriá del Besòs y Badalona. La iniciativa del Ministerio Público señalaba como posibles responsables del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que se habría cometido al presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la empresa. El fiscal señalaba en su escrito ante el juzgado que el “mal funcionamiento” de la incineradora, de acuerdo con “informes publicados en revistas científicas”, estaría generando “unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados, lo cual suponía un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas” que habitan en las proximidades de la planta. La planta objeto de la denuncia es un 41% propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y un 59% del Área Metropolitana de Barcelona.
Según el informe que entregó el fiscal a la justicia, los responsables de la gestión de la empresa “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable y que podrían estar suponiendo un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno" de la incineradora. De hecho, la directiva europea de emisiones industriales exige que la temperatura de los gases de combustión en la quema de los residuos sea superior a 850º durante dos segundos, como mínimo, medidos en la pared interior de la cámara de combustión o en otro punto representativo autorizado.