Un juzgado ordena paralizar la intervención en las criptas de la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos a petición de una demanda de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica Una medida cautelar de suspensión de la licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para rehabilitar los accesos de las criptas.
El Juzgado lo Contencioso-administrativo número de 20 de Madrid es el que ha adoptado esta medida cautelar antes de que se estudie a fondo el recurso interpuesto por la asociación al considerar que se podrían producir daños irreparables. La asociación solicitó la suspensión alegando el "derecho fundamental a la intimidad de los muertos y sus familias", que denuncian que se vería vulnerado si se ejecutan las obras solicitadas.
Proyecto del Gobierno
Un proyecto que encabezó la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Aseguraban que son obras necesarias para el acceso del paso interior a los diferentes niveles de las criptas.
El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó el abril pasado a este ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz de la Vall de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.
Medidas de seguridad
Las obras suponían adoptar medidas de seguridad y salud: la retirada o desmontaje de cierres, instalaciones y utensilios para los accesos a las criptas; la realización de estos accesos; la adecuación de instalaciones de iluminación y seguridad, y la adopción de medidas que garanticen la seguridad estructural para la inspección interior de cada una de las criptas, lo cual hace inevitable que se retiren los restos humanos: en concreto 67 cuerpos enterrados.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica alegó que numerosas familias se oponían en que los restos de sus familiares fueran trasladados o analizadas.
Medida cautelar
Los servicios jurídicos del estado respondían asegurando que con las obras únicamente pretendían facilitar el acceso "seguro" a las criptas, pero no significaban la manipulación y traslado de los restos humanos ni era este su objetivo.
Aunque el juzgado, encabezado por la magistrada Eva María Bru Peral, no admite el argumento de la manipulación de restos, sí que considera que en el punto actual se tienen que congelar las obras mientras se pronuncia sobre el fondo del recurso. En caso de que se desestime el recurso, se podrán llevar a cabo las actuaciones urbanísticas planeadas.