Los casos y las denuncias por violencia machista se disparan en verano. La situación de los juzgados especializados, sin embargo, está al límite. Un caso extremo es el juzgado de Violencia sobre la Mujer de l'Hospitalet de Llobregat, que triplica la mediana de casos penales pendientes de resolver que tuvieron los juzgados de Catalunya el año 2023. En concreto, el juzgado cerró el año pasado con 828 asuntos penales pendientes de resolver, cuando la media catalana es de 289 casos, y de 243 asuntos civiles, cuando la media es de 109 asuntos, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta elevada litispendencia es debida a que el juzgado tiene una carga de trabajo que supera en un 50% el módulo de entrada de asuntos, fijados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señala como carga de trabajo recomendada 1.600 asuntos al año. El juzgado de l'Hospitalet ingresó 297 asuntos civiles y 2.130 asuntos penales el año pasado; es decir, un total de 2.427 asuntos, cuando| la media en Catalunya es de 1.459 asuntos (197 civiles y 1.262 penales).
La jueza sustituta del juzgado de Violencia sobre la Mujer de l'Hospitalet de Llobregat y la letrada de la Administración de Justicia del juzgado hace meses que han alertado a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que "la situación es insostenible", además que "la plantilla del juzgado no está cubierta al 100%", extremo que ha provocado una inspección del órgano de gobierno de los jueces y que la Fiscalía Superior de Catalunya haya pedido información de ciertos expedientes. La solución de la sala del gobierno del TSJC ha sido "la adscripción de un juez en prácticas durante el segundo semestre de 2024", para cumplir el plan de actuación de refuerzo propuesto por la jueza sustituta. No hay más recursos, admite el TSJC.
Reclamo de 110 unidades judiciales
El colapso de gran parte de los juzgados es endémica en el Estado español. En Catalunya, la reclamación de más juzgados y jueces es compartida por el Departament de Justicia, dirigido por Gemma Ubasart, y del TSJC, presidido por Jesús María Barrientos, pero el Ministerio de Justicia no cubre las plazas pedidas ni acepta abonar un complemento económico al personal judicial ante la elevada carga de trabajo y el encarecimiento para vivir allí, como tienen otras comunidades. El marzo pasado, el pleno de la sala de Gobierno del TSJ de Catalunya, cifró que falta a Catalunya un total de 110 unidades judiciales, 17 plazas en órganos colegiados y 93 juzgados unipersonales. En uno de sus últimos acuerdos, la sala de gobierno del TSJC ha reclamado medidas de apoyo al CGPJ "ante la grave situación en la cual se encuentra la jurisdicción civil en Catalunya"; es decir, los juzgados de 1.ª Instancia y los mixtos.
Polémica por la unificación de los juzgados de violencia machista
En esta realidad de juzgados desbordados, ha devuelto el debate sobre la posibilidad de la comarcalización de los juzgados de violencia machista en Catalunya, después de que el Departament de Justicia encargó y presentó, recientemente, el estudio "Análisis y actualización de la demarcación y planta judicial en Catalunya: propuesta de modificación de las demarcaciones de los juzgados de violencia sobre la mujer" al Instituto Metròpoli.
En el estudio, se concluye que "los resultados del análisis muestran que, en general, la unificación de demarcaciones supone un incremento de las cargas de trabajo y de las distancias y tiempo de desplazamiento, mientras que la coherencia territorial y la calidad del servicio se mantienen en la mayoría de escenarios". Además, propone que se hagan estudios donde se recoja "la voz directa de las víctimas".
Los catorce Colegios de la Abogacía de Catalunya mostraron su "rechazo unánime a la propuesta del Departament de Justicia, que prevé impulsar un plan por centralizar los casos de violencia machista en los juzgados especializados en violencia contra la mujer, dejando -sostienen- una decena de ciudades catalanas -del área de Barcelona y Tarragona- sin poder asumir los casos de violencia de género". La Abogacía Catalana precisa que esta medida, en caso de que se acabara desplegando y según los diversos escenarios previstos, implicaría que los juzgados de ciudades como Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès o Valls dejarían de asumir estos casos, que pasarían a estar centralizados en los juzgados de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Tarragona o el Vendrell.
Actualmente, en Catalunya hay 49 partidos judiciales. De este total, 15 partidos judiciales (el 30%) tienen 19 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer, mientras el resto, donde no hay juzgados especializados, las denuncias de violencia machista las asumen un juzgado de Primera Instancia y de Instrucción. El partido judicial de Barcelona tiene 5 juzgados especializados, que conjuntamente atendieron a 4.253 mujeres el 2023 y acumulan 1.803 casos pendientes, según datos de la memoria del Decanato de Barcelona.