Derechos en conflicto. El Consejo de la Abogacía Catalana denunció este verano que en la mayoría de los 49 partidos judiciales de Catalunya no se garantiza una adecuada atención a las víctimas de violencia machista en el interior de los juzgados, principalmente las salas de atención son deficientes o en algunos casos improvisadas y no hay circuitos de separación entre víctima y agresor. Recientemente, el Departament de Justicia ha presentado un informe (de 30 páginas) a la sala de gobierno del TSJC y a la Abogacía en que da respuesta a las carencias denunciadas y algunas soluciones provisionales en los casos de que se han de renovar los edificios judiciales, como los juzgados de Martorell, situados en unos bajos y que son de los más deficientes de Catalunya. A más, hay un problema de fondo que no se aborda y es el hecho, como denuncian los abogados y abogadas que atienden víctimas, que las mujeres quedan cerradas en las salas y sin libertad de movimiento en los juzgados y durante muchas horas, mientras los supuestos agresores, si no están detenidos, no tienen ninguna restricción.
El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana y decano del Colegio de Abogados de Figueras, Joan Ramon Puig, afirma que en el informe el Departament de Justicia "reconoce que hay carencias para atender a las víctimas de violencia machista en edificios judiciales, aunque las disimula un poco." Puig añade que "es compresible" que haya diferentes tipologías de edificios, ya que fueron construidos en diferentes épocas y que "es imposible dar una solución global". Insiste, pero, que "se tendría que cambiar el criterio que la víctima no tenga que permanecer cerrada en un espacio, mientras el victimario puede circular libremente por el edificio", además de darle cierta confortabilidad para que no se sienta revictimizada.
La implicación de los jueces
En este sentido, David Casellas, decano del Colegio de Abogados de Manresa y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo de la Abogacía Catalana, afirma que la dignificación de los espacios para las víctimas en los juzgados ha sido una reclamación de hace tiempo de los abogados y abogadas que forman parte de la Comisión contra la Violencia sobre la Mujer y de Igualdad de la Abogacía Catalana, y que harán un "seguimiento" de las mejoras que se compromete a hacer Justicia, ya que asegura que todavía "hay espacios indignos", como salas de espera en archivos pequeños o espacios poco ventilados y sin servicios, y que puedan ser atendidas por los abogados en espacios donde se garantice la privacidad. "Después de años de insistir, se ha hecho evidente este problema con la atención a las víctimas. También hemos visto ahora la voluntad de hacer un esfuerzo por parte de los órganos judiciales, ya que los jueces son quienes tienen que garantizar la tutela de derechos a las personas, aparte de las reformas que se puedan hacer en un edificio", manifiesta Casellas. Precisamente, Catalunya sigue siendo la comunidad donde los jueces deniegan más órdenes de protección a víctimas de violencia machista en el segundo trimestre de 2022, según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las víctimas cerradas
En el informe, el Departament de Justicia responde sobre las deficiencias denunciadas juzgado a juzgado, y asegura que hace tiempo que en todos los nuevos equipamientos judiciales que construye y en las remodelaciones que hace en otros juzgados incluye sala de víctimas y circuitos separados, como Balaguer, Olot, Puigcerdà, Gandesa, Amposta, Tortosa y Mataró. También precisa que finales de año entrará en vigor un Plan Estratégico de Atención a la Víctima del Delito, que tiene como objetivo garantizar los derechos de las víctimas, asegurar que sean reconocidas y protegidas de la victimización secundaria e institucional, facilitar el acceso a los servicios de apoyo y priorizar el acceso a la justicia restaurativa. Con todo, no se da ningún detalle, y habrá que ver si la nueva consellera, Gemma Ubasart validará este plan y le dará prioridad.
"Si solo hay una víctima, se espera en el cuartito de archivo-cafetera donde tan solo cabe una silla y el agresor se espera en el hall de entrada en el juzgado. Eso comporta que la víctima tiene la mínima libertad de movimiento, dado que se cruzaría inevitablemente con el agresor; con lo cual tenemos unas víctimas privadas de libertad tantas horas como se tarda 4-6 horas en muchos casos." Así de claro, se expresa en su informe la Abogacía Catalana sobre el juzgado de primera instancia e instrucción 5 de Martorell. La respuesta del Departament de Justicia, en su informe, es que el partido judicial de Martorell está pendiente del nuevo edificio, y que trasladará una "propuesta urgente" para dotar una sala de espera a las víctimas en condiciones y que "garantice" la separación víctima-investigado.
En el partido de Sant Feliu de Llobregat, la Abogacía Catalana relata: "Respecto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1, no existe espacio como tal en la sede. Se ha improvisado que el agresor se queda en la sala de espera y la víctima se queda en la sala de espera de la sala de vistas. Eso comporta que la víctima quede cerrada sin la mínima libertad de circulación, dado que se cruzaría inevitablemente con el agresor; con lo cual tenemos unas víctimas privadas de libertad tantas horas como tardamos, de lo que en pocas ocasiones son las 3 de la tarde desde las 9-9:30. Y todo eso suponiendo que sea en el Juzgado especializado, ya que si está en fin de semana la situación todavía es peor en la guardia." En este caso, Justicia no comparte la diagnosis de la abogacía con respecto a la sala de las víctimas, y asegura que "la sala de víctimas tiene una superficie de 13,74 m², con una iluminación artificial cálida, ventilación y temperatura confortable. Está dotada de bancadas con asientos, mesilla, juguetes y cuentos infantiles (los juguetes incorporados son detallados en el informe de la abogacía)". Esta sala -afirma- tiene "la dotación estándar de la cual dispondrán todas las salas de espera de víctimas". Justicia sí que admite que se pueden hacer cambios en el circuito.
En los juzgados de Badalona, pendientes de reforma, la víctima es escondida en una habitación pequeña. En los juzgados de Cerdanyola hay espacios pequeños; en los de Esplugues "se improvisa el espacio", tampoco hay en los juzgados de Rubí, ni de Sabadell. Los juzgados de Solsona y Tremp también tienen deficiencias, según la Abogacía Catalana.
Con respecto a edificios judiciales nuevos, como el de la Ciutat de la Justicia de Barcelona, la Abogacía Catalana sostiene que solo hay una sala para víctimas, la cual se tiene que compartir y "hay falta de intimidad". Se indica que hay una sala para denunciados, que en este caso son vigilados por agentes de seguridad. O el nuevo edificio judicial de Terrassa tiene salas para víctimas pero "aisladas".
La Abogacía Catalana no esconde en su informe cuando se hacen las cosas bien en los juzgados y las detalla, como citar a víctimas y acusados en distintas horas, o permitir que la víctima use el circuito interno que utilizan funcionarios y magistrados si el edificio lo permite. En los juzgados de Puigcerdà se indica que los funcionarios lo tienen "muy controlado", como también se cumple la protección de la víctima en los juzgados de Girona y en la Audiencia de Girona, pero no en los juzgados de Blanes. Justicia, en su informe, también pide a todos los operadores jurídicos que colaboren y apliquen los protocolos.
Los derechos de las víctimas
Aparte de los edificios judiciales, el presidente de la Abogacía Catalana reivindica que se tiene que cumplir la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, ya que sostiene que, a pesar de los años que está en vigor "la asistencia jurídica a la víctima se tiene que hacer efectiva, y no solo enunciativa, en el papel". Joan Ramon Puig reivindica que "tiene que cambiar toda la filosofía de información de los derechos a la víctima, porque tendría que poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que su victimario". Recuerda que este cambio, lo reclamaron con respecto a las personas detenidas: "Los abogados éramos invitados de piedra en las declaraciones de los detenidos en sedes policiales". La ley se cambió, para adaptarse a la normativa europea, y se explicita que se tiene que dar acceso a los atestados policiales, "aunque todavía nos cuesta", confiesa al presidente de la Abogacía Catalana.
En este sentido, Puig defiende que la instrucción de los procedimientos penales tendría que pasar a manos de la Fiscalía, como se hace en gran parte de países europeos, y lamenta que en el Estado español "ya lleva tres borradores de la reforma de la Lecrim" para ejecutar este cambio, como ahora se ha realizado con la creación de la Fiscalía Europea. "Los jueces, en el proceso penal, tienen que ser los garantes de derechos y libertades", concluye.