Nuevo dato negro en los juzgados. El derecho lingüístico de ser notificado en catalán se incumple en un 81,3% de los casos (376.627 demandas en los ámbitos civil, social y contencioso), según el Departamento de Justicia. Es decir, del total de demandantes que solicitan ser notificados en lengua catalana (desde autos a sentencias), a duras penas un 20% tiene garantizado este derecho. Por el contrario, cuando el demandante específica ser notificado en castellano, el porcentaje de cumplimiento y garantía del derecho a opción lingüística asciende al 97%. Cuando no se informa de la opción lingüística, las notificaciones se hacen por defecto en castellano, en un 91,8%. No obstante, el conocimiento del catalán que tienen jueces, fiscales y operadores jurídicos "no es un obstáculo" para trabajar en la lengua propia del país, según Justícia.

Estos nuevos datos se incluyen en el informe de diagnosis sobre el uso y la presencia del catalán en los ámbitos de Justicia, que incluye desde los juzgados, prisiones, notarías, asuntos religiosos y universidades, entre otros, que ha presentado un equipo del Departament de Justicia este jueves. Después, la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró ha expuesto el primer paquete de medidas que pondrá en marcha el Departamento de Justicia. "Había que hacer un esfuerzo por revertir esta realidad para garantizar los derechos lingüísticos de toda la población. Que el catalán tenga su reconocimiento. No queremos que nadie cambie de lengua, sino que se le respete", ha afirmado Ciuró.

Pacto Nacional

"Es muy grave no atender la petición del ciudadano en los juzgados", ha asegurado Ciuró, que ha añadido que ya lo han expuesto a la sala de gobierno del TSJC, y que lo trabajarán en las comisiones bilaterales. Precisamente, el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, afirmó recientemente en el Parlament que solo un 14% de los ciudadanos pide ser atendido en catalán.

"El catalán no es una lengua minoritaria, es minorizada y tenemos que cumplir lo que dicta el Consejo de Europa", ha declarado Ciuró. Entre las medidas, Ciuró ha anunciado la aprobación de un Pacto Nacional por la Justicia, con todos los agentes, desde abogados, notarios y las universidades.

Quejas, código QR

En el decálogo de medidas, la consellera también ha anunciado que se pone en funcionamiento un código QR de queja de los ciudadanos en los juzgados con el fin de recogerlas y atender. Se indica que a través de este código QR, los afectados podrán poner en conocimiento de la administración la vulneración de sus derechos lingüísticos, directamente desde su móvil y en el mismo lugar y momento en que se haya producido la vulneración de estos derechos. Lo podrán usar ciudadanos, abogados, procuradores y los datos servirán para corregir problemas.

La tercera herramienta es el portal web justicia.gencat.cat/lengua para aglutinar todos los recursos como el Compendium.cat. Además, se está negociando con el Poder Judicial para que el nivel C1 de catalán (un nivel básico) sea un mérito, en lugar del B2. "No es una utopía", ha asegurado la consellera. También ha recordado las 50 becas para jueces y fiscales de Catalunya a principio del 2023. Igualmente, se haran actuaciones a las prisiones y a asuntos religiosos. Y finalmente, ha anunciado una nueva campaña, con el lema "Utilizar el catalán, no cambia la sentencia", ideado y protagonizada por trabajadores del Departament de Justicia.

Encargo

La diagnosis empezó a realizarse a finales del año pasado. En octubre de 2021 se constituyó dentro del Departament de Justicia un equipo interdisciplinario de 27 personas representativas de todos los ámbitos del departamento para poner en común y documentar todo lo que ya se está haciendo en el departamento y, a partir de las conclusiones y análisis de los resultados, poder definir y promover un Plan de fomento. Este mismo grupo hará el seguimiento de la implementación e impacto de las diferentes medidas.

Cifras

De los resultados, se constata el descenso del total de sentencias redactadas en lengua catalana: el año 2005 el total de sentencias en catalán era del 20,1%, cifra que ha descendido año tras año hasta situarse en el 2021 en un 6,9%. El total de las demandas presentadas en catalán a través del aplicativo e-justícia.cat ha sido, el 2021, en solamente un 6,2%. Se detalla que estas cifras son bastante variables en función de la demarcación: Girona registra mejores porcentajes, con un 13% (7.441 demandas en catalán), mientras en Barcelona las demandas en catalán son el 4% (9.844) y las comarcas de Barcelona registran el volumen más elevado de demandas en catalán (15.130), a pesar de representar el 6%.

Jueces

Por otra parte, en la diagnosis se afirma que "son positivos" los datos sobre el conocimiento de la lengua catalana entre los profesionales de la Administración de justicia. Más de la mitad de los profesionales de los cuerpos de gestores, tramitadors, auxilio judiciales y médicos forenses (que suman cerca de 8.000 profesionales) "tienen un nivel de lengua catalana suficiente, y casi el 30% dispone del certificado de lenguaje jurídico. Por eso, el grupo de experto concluye que "el nivel de conocimiento del catalán entre los profesionales es suficiente para hacer efectivo el derecho al uso del catalán en todo el procedimiento y para que las actuaciones en catalán puedan ser muy superiores a las de la realidad actual". 

Del total de 866 jueces, se detalla que un 18,4% tiene el nivel B2 (el básico) y un 5,4% el certificado del lenguaje judicial. Con todo, no se tiene información de un 56%. En el caso de los fiscales (330), no se tiene información sobre sus conocimientos lingüísticos en un 73% del total, mientras se indica que un 3,3% tiene el certificado judicial y un 9,4%, el nivel básico (B2).

Notarías y universidades

En materia de derecho y entidades jurídicas, el informe de Justicia indica que una de las cifras más relevantes es que solamente el 9,2% de la documentación notarial se hace en catalán. Con respecto a la documentación presentada a los registros de la propiedad, mercantil y de bienes muebles, un 13,9% está en lengua catalana. Con respecto a los estudios de Derecho, los datos indican que en las universidades públicas las horas lectivas son proporcionales en catalán y en castellano (un 48% en cada una de las opciones lingüísticas), mientras que en las privadas, las horas que se hacen en lengua catalana disminuyen a un 6,2%. También destaca que en el máster de acceso a la abogacía, el catalán es menos utilizado que en los grados en Derecho.

Prisiones

Con respecto a los resultados en el ámbito de las prisiones, se afirma que el catalán es la lengua institucional mayoritaria (un 97%), y que también es el catalán la lengua en que, de forma mayoritaria, se relacionan oralmente los profesionales entre ellos (un 74%). Por el contrario, cuando los profesionales se relacionan con los internos, el uso del catalán se reduce drásticamente a un 17%. Este porcentaje contrasta con el hecho de que dos tercios de los internos entiende el catalán (un 65,7% tiene algún conocimiento de catalán, y un 61,9% ha hecho algún curso). En justicia juvenil, la utilización del catalán entre los profesionales es del 88% y, de nuevo, cuando se dirigen a los jóvenes, el uso baja hasta el 28%. "Tenemos que defender el derecho de poder encontrar un trabajo mejor y saber las dos lenguas oficiales  ayuda a las personas que están en las prisiones", ha afirmado la consellera, que ha insistido que "hace falta revertir tendencias" y que el catalán sea respetado.