El consumidor seguirá siendo el principal perjudicado. Así lo expresa el Consell de la Advocacia Catalana que sostiene que el acuerdo de ayer de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de prorrogar el plan de especialización de juzgados en materia de cláusulas abusivas no resuelve el "colapso" existente. En concreto, para el próximo año el CGPJ prorroga esta medida en 24 juzgados del Estado español, como el juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona. Y, por otra parte, finaliza la especialización en 20 juzgados, que incluye los de Girona, Tarragona y Lleida, hecho que implicará que a partir del 2022 se podrán presentar las demandas en cualquier juzgado de primera instancia de estas tres demarcaciones.

El Consell de la Advocacia Catalana siempre ha defendido que las demandas de cláusulas suelo y  las otras modalidades, dictadas como abusivas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y asumido por el Tribunal Supremo, tenían que ser resueltas en juzgados del territorio para garantizar el principio de proximidad de la justicia al ciudadano, pero desde su implantación, el 1 de junio del 2017, el Poder Judicial fijó unos juzgados especializados solamente a las capitales de provincia, con el argumento de unificar criterios.

"El colapso provocado con esta concentración es catastrófico", afirma David Casellas, decano del Colegio de Abogados de Manresa y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consell de la Advocacia Catalana, sobre todo precisa, en el juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona. "La media de resolución de una demanda es de tres años", asegura Casellas, medida que castiga al consumidor enfrente de las entidades bancarias, que ‑segons indica‑ tampoco se acogen a llegar a acuerdos, aunque la mayoría de sentencias son a favor del usuario. Casellas también rechaza el triunfalismo del CGPJ que, en un comunicado, asegura que se finaliza una parte de la especialización "ante la positiva evolución experimentada por los juzgados, tanto con respecto a asuntos pendientes  como a su capacidad de resolución". Los juzgados de Girona, Tarragona y Lleida también están colapsados, sostiene el portavoz de la Abogacía Catalana.

"Desprestigio" de los pleitos

El CGPJ ha defendido que el plan de especialización de determinados juzgados ha permitido "la homogeneización de criterios en la materia, hecho que ha beneficiado el principio de seguridad jurídica". Una afirmación no compartida por l'Advocacia. "El procedimiento en los juzgados se ha mecanizado en exceso, pero no son ágiles, y se han catalogado como pleitos masa, que desprestigian el procedimiento y perjudican al consumidor", manifiesta el decano del Colegio de Abogados de Manresa. Casellas detalla que como se considera un pleito fácil "se han rebajado en exceso las costas", hecho que perjudica al consumidor porque ‑segons Casellas‑ además de esperar tres años a la respuesta judicial, con las costas impuestas al ganar el proceso, no le llegan para pagar los honorarios del abogado y el procurador, como pasaba antes. Habitualmente se fijan las costas en unos 1.200 euros, iva incluido.

El Poder Judicial detalla que mantiene la especialización durante todo en el 2022 del juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona, de manera exclusiva y excluyente, en materia civil, y también le mantiene el conocimiento de los asuntos sobre los concursos de personas físicas. Precisa que este juzgado tiene una entrada de demandas por cláusulas abusivas de 4.286 casos anuales y una pendencia, es decir pendientes de resolver, de unos 28.426 asuntos. Para Casellas el hecho que este juzgado también mantenga los procesos de Segunda oportunidad para personas que se declaran en quiebra, supone que necesite refuerzos, de jueces y funcionarios, desde el principio que se adoptó este plan en el 2017, del cual sostiene, que no se dotó de recursos económicos.

En el caso del juzgado de Primera Instancia  número 101 de Madrid, del cual también se mantiene su especialización en la provincia durante todo el 2022, el CGPJ indica que tiene una entrada de 15.139 casos anuales y una pendència de 70.119 asutos.

 

Foto principal: Entrada de la ciudad de la Justicia de Barcelona / Sergi Alcàzar