La semana pasada saltó a la luz una investigación de los Mossos que acabó con cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, todos jóvenes, por su presunta relación con el ataque contra los Mossos d'Esquadra durante el desahucio del Bloc Llavors el pasado 25 de mayo de 2021 en la calle de Lleida del Poble-sec, en Barcelona. La investigación la explotaron agentes de paisano de la Comisaría General de Información (CGINF), presentándose en casa de los presuntos alborotadores y deteniéndolos a primera hora del miércoles pasado, en varios distritos de la ciudad. Los detenidos pasaron el día y la noche en la comisaría de las Corts y el día siguiente fueron entregados al juez de instrucción 17 de Barcelona que decretó su libertad con cargos investigados por los delitos de daños, atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Los detenidos están acusados de haber hecho lanzamientos contra la Brigada Móvil que estaban protegiendo a la comitiva judicial que estaba haciendo el desahucio del Bloc Llavors.
Los abogados de los cuatro detenidos han denunciado que la investigación la ha llevado a cabo una unidad que se encarga, desde la Comisaría General de Información (CGINF), de investigar el extremismo violento relacionado con organizaciones políticas de ámbito interior -es decir, grupúsculos de extrema derecha o extrema izquierda de carácter violento con origen y acción en Catalunya o España.
Según se puede ver en los documentos de la causa, la investigación ha sido liderada por la Unidad Central de Investigación en Extremismos Violentos (UCIEV), tal como han explicado desde los abogados y ha podido confirmar ElNacional.cat.
Desde el grupo de defensa de los encausados, Alerta Solidària, y desde la CUP, partido que ya convocó una concentración delante de la comisaría de Les Corts el miércoles pasado, han denunciado que fuera esta unidad la que hubiera investigado los hechos y que eso comporta una "criminalización" por parte de la policía catalana del movimiento que "defiende un derecho básico como tener un techo digno en el que vivir". Los anticapitalistas han pedido explicaciones al Govern para aclarar por qué esta investigación la ha llevado a término esta unidad de información. La abogada Eva Pous, miembro de Alerta Solidària, asegura que las detenciones fueron "policiales" y no "judiciales" y ha culpado al Govern, por "conocimiento o desconocimiento", de haber autorizado que se investigara el ataque contra la policía por parte de esta unidad.
"Quieren criminalizar el movimiento de defensa de la vivienda haciendo investigaciones con unidades que se tendrían que dedicar a investigar cosas más específicas, como el terrorismo", asegura Pous en una breve conversación con este medio.
La investigación la arrancó otra unidad
ElNacional.cat ha podido saber, de fuentes de la policía catalana, que el hecho de que la investigación la hubiera hecho y explotado la UCIEV es una anomalía. Este tipo de delitos, de ataques contra la policía en el marco de operaciones policiales o manifestaciones, las asume el Grupo de Investigación de Desórdenes Públicos, conocido en el argot policial como GIDOP.
Esta unidad pertenece al Área de la Brigada Móvil y son los encargados de investigar posibles delitos de desórdenes públicos, como los de la calle de Lleida. Con las imágenes del Grupo de Obtención y Aseguramiento de la Prueba (GOAP) -un equipo que graba los desórdenes-, el GIDOP investiga los hechos, instruye y detiene a los alborotadores. En el caso del desalojo del Poble-sec, sin embargo, y según han explicado fuentes de la policía catalana, la investigación la inició el GIDOP, pero pasó a manos de la UCIEV por instrucción expresa del major Josep Lluís Trapero, en aquel momento jefe del cuerpo. Fue el entonces máximo mando policial quien ordenó este cambio de instrucción, encargando a la unidad de Extremismos Violentos de la CGINF que asumiera la instrucción, trasladando la investigación de un ámbito más delincuencial a un ámbito más ideológico.
Cabe recordar que las investigaciones que hace Unidad Central de Investigación en Extremismos Violentos (UCIEV) se dedican a identificar o detener grupos que hacen acciones coordinadas de extrema derecha o izquierda en clave ideológica. Fuentes de la policía aseguran que este cambio que ordenó Trapero tiene relación con la posición beligerante con los movimientos sociales del antiguo jefe del cuerpo, convirtiendo el caso de la calle de Lleida en una investigación, aunque legal, anómala. Esta unidad de la Comisaría General de Información es también la encargada de investigar los hechos de la comisaría de Vic (Barcelona), que fue asaltada por un grupo de incontrolados durante las protestas por Pablo Hasél.
Revuelo político
Las reacciones a las detenciones de los cuatro activistas la semana pasada comportaron la suspensión de un encuentro que la CUP tenía previsto con el president de la Generalitat Pere Aragonès.
Se da el caso que el desahucio, que acabó con cargas de los Mossos, cuando los manifestantes intentaron traspasar la línea policial para evitar el desalojo, se celebraba justo al día siguiente del acto de toma de posesión de Aragonès en el Palau de la Generalitat y con el debate abierto entre Esquerra y los anticapitalistas para evitar enviar efectivos de orden público, como la Brimo o el ARRO, a los dispositivos judiciales de desahucio.