Los tres meses de paro y la avalancha de litigios por la crisis económica amenazan de colapsar los juzgados, especialmente sociales y mercantiles, según la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, con que reclama una apuesta decidida por la mediación y un "calendario claro" para volver a la actividad después del confinamiento por el coronavirus.

En una entrevista con Efe, Caso augura un escenario "muy preocupante, absolutamente extendido en todos los juzgados", después de la vuelta a la "nueva normalidad" porque los tres meses de actividad judicial reducida al mínimo tendrán un gran impacto en una administración ya de por si muy sobrecargada, que recientemente había empezado a descongestionar.

"Eso nos vuelve a colocar en la situación en la cual ya estábamos", según la decana, que advierte que por la justicia será imposible "dar una respuesta razonada en un plazo corto" en el alud de conflictos, lo que obligará a "seleccionar bien" qué asuntos se consideran prioritarios y cuáles se dejan a la espera.

El impacto será especialmente costoso en las jurisdicciones mercantil y social -directamente afectadas por el aumento de conflictos laborales y el cese de parte de las actividades económicas- aunque también golpeará otras áreas como el civil, la contenciosa o la de familia, mientras que los juzgados de lo penal serán los que menos noten el alud de casos.

Según Caso, es difícil cuantificar el impacto que la pandemia tendrá en los juzgados de Barcelona, ya que eso dependerá de cada jurisdicción, pero alerta de que ya se están detectando algunas "situaciones complejísimas": los juzgados de lo social, por ejemplo, tendrán que suspender 150 juicios en quince días si el 11 de mayo próximo no se permite reanudar la actividad ordinaria.

Por este motivo, la decana exige que se fije un "calendario claro" para reactivar la operativa judicial, que sea "prudente", para que los juzgados puedan reprogramar sus actividades y aprobar planes organizativos con los cuales evitar aglomeraciones en los edificios: en circunstancias normales, por la Ciutat de la Justícia de Barcelona circulan diariamente unas 10.000 personas.

El riesgo de colapso judicial, según Caso, obligará a los jueces a priorizar los asuntos más urgentes para darlos salido el más bien posible, pero será imprescindible que se apueste por la mediación en los conflictos que se puedan solucionar a través de acuerdos extrajudiciales, una vía muy extendida a otros países pero que en España sigue infrautilizada.

Para la decana, será la propia "necesidad" la que empuje a la mediación: "a ninguna empresa le interesará tener un asunto parado en los juzgados durante dos años, cuando por la vía de la negociación asistida se pueda solucionar en semanas", apunta.

"Ahora es el momento de dar bastante a la mediación como sistema alternativo a la resolución de conflictos, buscar otras fórmulas se convertirá en una necesidad, es una de las lecciones que podemos aprender de la crisis de la pandemia", insiste.

Según Mercè Caso, el Ministerio de Justicia ya tiene muy avanzada una ley para promocionar la mediación, que en su opinión tiene que ser regulada "con claridad" para concretar los medios y los profesionales facultados para intervenir en las negociaciones alternativas a la vía judicial.

"Se trata de abrir una puerta más. Si veo que una puerta está absolutamente colapsada, está bien ir a la otra, nadie te sacarà el número de la lista de espera", señala Caso, que augura que la mediación se consolidará cuando los ciudadanos constaten "experiencias próximas de éxito".