El pasado martes se conmemoró el cuarto aniversario de los atentados del 17-A de Barcelona y Cambrils. Cuatro años después a la altura del memorial dedicado a las víctimas de aquel día tuvo lugar un acto muy sobrio, similar al de los años anteriores. La conmemoración se alargó quince minutos y consistió en un minuto de silencio, El cant dels ocells y una ofrenda floral.
Cuando el acto conmemorativo llegó a su fin, los familiares se reunieron con las personalidades políticas que habían hecho acto de presencia. Entre los cuales se encontraba el presidente del Gobierno, Pere Aragonès; la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Primera conmemoración postsentencia
Sobre la conmemoración de las víctimas de este año planó la sombra de la sentencia contra los tres miembros de la célula yihadista que cometió los atentados en Barcelona y Cambrils. La sentencia levantó curva, sobre todo entre las mismas víctimas. Tanto es así que la han recurrido. Ahora esperan que la Audiencia Nacional resuelva los recursos, ya que el texto condenó a los responsables de los ataques por delitos de pertenencia a organización terrorista y no como autores de los asesinatos.
Después de conocer la condena, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M presentaron un recurso con la intención de que se anulara la sentencia y se repita el juicio, ya que consideran que el tribunal no se pronunció sobre los cargos de asesinato terrorista.
A este malestar por la sentencia condenatoria considerada insuficiente se suma el hecho de que solo el 22% de las víctimas de los atentados han sido indemnizadas, según expone una denuncia realizada por la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT). De las 345 personas reconocidas a la sentencia, hay 248 de las cuales no consta información sobre si han estado o no indemnizadas.
La presidenta de la asociación, Sara Bosch, ha cargado contra este hecho, que demuestra "el olvido" de las víctimas por parte de las administraciones y supone una "victimización secundaria". Se trata de una "negligencia de base", sobre todo del ministerio del Interior, que es la institución que las tiene que indemnizar.
Uno de los grandes problemas que dificulta el recuento es el hecho de no saber en qué situación se encuentran las 248 personas con que aparecen al documento como víctimas, sin detallar si han sido indemnizadas o no. Por eso, los responsables de la UAVAT han urgido el Ministerio del Interior para que localice a estas víctimas "con nombres y apellidos" para informarlos de sus derechos, de manera que, una vez la sentencia sea firme, puedan solicitar lo antes posible su reconocimiento como víctimas del terrorismo.