La Generalitat se ha retirado como acusación particular de la causa por la cual este jueves se juzga a siete manifestantes acusados de presuntos desórdenes, atentado y lesiones a mossos en la protesta por la investidura fallida de Carles Puigdemont. El Govern lo anunció ya hace unos días, pero a la hora de retirar la acusación no fue posible porque el momento procesal no lo permitía. Y se ha tenido que esperar en esta mañana justo al principio del juicio.

La decisión de la Generalitat ha llevado a suspender el juicio cuando los mossos implicados han querido seguir adelante con la acusación. Pueden hacerlo, pero deben personarse con abogado, lo que ha comportado que el tribunal haya detenido la vista para deliberar si continuaban adelante o esperaban a la personación de los agentes. La Fiscalía ha pedido el aplazamiento y finalmente el juez ha decidido detener el juicio y dar quince días a los mossos para encontrar a un abogado y personarse.

El abogado de la Generalitat lo ha anunciado al tribunal durante el trámite de cuestiones previas, al inicio del juicio en la Audiencia de Barcelona y que está previsto que dure cinco jornadas más. El abogado ha explicado que retiran la acusación por orden de la Conselleria de Interior, que estaba personada en representación de los agentes que denunciaron lesiones: "El criterio determinante de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar la autoría". La Generalitat había pedido dos años de prisión por un delito de atentado y uno de desórdenes.

Los acusados son vecinos de Arenys de Munt, Barcelona, Pont de Vilomara, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Vilanova i la Geltrú. Los motivos de la retirada de la acusación de la Generalitat es porque durante la instrucción judicial no se ha podido acreditar ni probar que los acusados lesionaran los mossos. El 14 de octubre los abogados de Alerta Solidaria que representan los siete acusados hicieron una petición a la Generalitat para que se retirara de la acusación.

La presión de la defensa

Los abogados de Alerta Solidaria denunciaron que los acusados han sido "series, fotografiadas, investigadas y cerrados hasta 24 horas" y que "ahora, tres años y medio después, el montaje policial cocinado en la Conselleria de Interior de JuntsxCat nos comporta una acusación por desórdenes públicos, por agredir y por lesionar agentes de los Mossos d'Esquadra". Una imputación que, según los abogados, "ha sido trasladada a los jueces españoles, para reprimir el derecho a protesta en el periodo de más movilización que ha tenido el independentismo".

Hace dos semanas la Generalitat empezó a estudiar todos los casos pendientes de juicio por disturbios y atentado contra la autoridad en que está personada como acusación particular. Hay una treintena. Los funcionarios públicos tienen derecho a asistencia jurídica, pero después de las presiones y de los numerosos casos contra activistas se decidió personarse solo como acusación particular en los casos en que haya lesiones.