El consejo de las Naciones Unidas ha acusado a España de una "violación del derecho a la vivienda", para desahuciar a una familia con la mujer embarazada, y con cuatro hijos menores de edad, dos de ellos discapacitados.

El 12 de mayo de 2018 la familia desahuciada acudió al Consejo Económico y Social de la Organización de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar su caso. La familia alegaba que España había vulnerado el punto 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para su familia.

El 18 de febrero de este año una resolución del consejo ha acusado España para violar un derecho fundamental, el de la vivienda, según fuentes de El Món. La resolución ha sido redactada por un órgano de la ONU que tiene competencias para iniciar estudios e informes sobre asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros.

La ONU ha concluido que "el desalojo de los autores y de los hijos sin un examen de proporcionalidad por parte de las autoridades constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada". Además afirma que "las alternativas temporales asignadas y el proceso al cual los autores fueron sometidos constituyen, en sí mismas, una violación de su derecho a la vivienda adecuada".

Sin embargo el consejo de derechos económicos no puede sancionar, tan solo puede formalizar recomendaciones. La organización denuncia y recomienda al Estado Español que busque una "reparación efectiva" para la familia desahuciada, en caso de que no encuentre una vivienda digna. También recomienda entregar una compensación económica por las violaciones a derechos fundamentales que ha sufrido la familia, según fuentes de El Món se podría tratar de unos 50.000 euros. La ONU da un margen de seis meses para que el Estado español aplique las recomendaciones.

El TEDH vuelve a condenar el Estado español

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar el Estado español por coartar la libertad de expresión, este golpe por| la condena a dos ecologistas que fueron multados para publicar una carta abierta en un diario criticando el juez que había autorizado una licencia ambiental a una compañía minera en Teruel en el 2009.

El TEDH ha condenado al Estado español a pagar cerca de 19.500 euros a los dos ecologistas, ya que el tribunal considera que las ONG tienen casi la misma libertad de expresión que la prensa en los asuntos de interés público. Los afectados se defendieron alegando que habían criticado al juez amparándose en su libertad de expresión, pero la Fiscalía abrió una investigación de oficio y un juzgado de lo penal los condenó, en el 2012 a pagar 2.400 euros de multa a cada uno y 6.000 euros de indemnización al juez criticado. La sentencia fue confirmada por la Audiencia de Teruel.

Imagen principal: Foto de la sede de Naciones Unidas. - EFE