La nueva ley educativa, la LOMLOE, conocida popularmente como la 'Ley Celaá', entra en vigor este martes 19 de gener. No obstante, la misma Ley precisa cuándo se implantarán cada una de las medidas y la mayoría de ellas no se impondran hasta el inicio del nuevo curso.
Así, a partir de hoy sólo se aplicarán las modificaciones relativas a: la participación y competencias del Consejo Escolar, el Claustro y de los directores de centro; la autonomía de los centros docentes; la selección del director en los centros públicos; y la admisión de alumnos. Si bien, los procesos relativos a la selección del director en los centros públicos y la admisión de alumnos que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse, es decir, por la LOMCE o 'Ley Wert'.
Imagen: La ministra Isabel Celaá, en el Congreso / Moncola
Precisamente, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que las comunidades donde gobierna su partido (Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía) "adelantarían" este proceso para así sortear la Ley. De momento, estas cinco regiones ya han publicado sus respectivas resoluciones sobre este tema.
La nueva ley
La nueva Ley recoge las siguientes modificaciones: el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública.
La LOMLOE también incluye la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
Un firme opositor a la Ley ha sido el sector de la concertada, representada por la Plataforma Más Plurales, que ha abanderado las seis concentraciones de protesta contra la Ley durante los meses de noviembre y diciembre.
La verdad de la ley Celaá y el catalán
El principal cambio de la enmienda de ERC, aprobada con el PSOE y Unidas Podemos, es que se elimina la referencia a las lenguas vehiculares, pero eso no significa que el catalán se impondrá por encima del castellano en las escuelas. Lo cierto es que en el redactado queda reconocido el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano y en las otras lenguas cooficiales a partes iguales.
Según el artículo 18 del proyecto de ley, el castellano y el catalán, el gallego o el vasco están al mismo nivel desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato y, además, los centros tendrán que poner a disposición de los alumnos "medidas necesarias para compensar la falta que pueda existir en la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y, en caso que haya, en las lenguas cooficiales".