Hace un año que entró en vigor la Ley de la Transparencia. Se aprobó en el 2014 y las administraciones tenían un año para activar todos los mecanismos que prevé. Uno de los elementos que prevé la ley para evitar arbitrariedades en los municipios es el registro de grupos de interés o lobbies con los que se relacionan los cargos públicos. Ahora mismo, ningún Ayuntamiento de Catalunya ha creado este registro. Por eso el Departament de Justícia ha decidido sacar adelante uno unificado.

El objetivo de este registro es que los ciudadanos puedan identificar las personas y grupos y conocer las relaciones que tienen con la Administración en defensa de intereses concretos, así como las reglas éticas a las cuales se tienen que ajustar. Cada vez más hay actividades públicas o de interés público que se encargan a agentes privados. Por eso la ley también amplía su ámbito a las personas privadas que ejercen estas actividades, sin perjuicio que en estos casos el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e información se haga efectivo por medio de las administraciones públicas responsables del servicio o de tutelarlo.

La ley dice que "esta es una realidad que no se puede evitar, pero sí que se puede hacer más transparente mediante la adopción de medidas legales". En este sentido, la ley crea el Registro de grupos de interés, que dará a conocer públicamente a las personas influyentes o que hacen de intermediarios, y les marca unas obligaciones. Entre las obligaciones está aceptar y cumplir un código de conducta que tiene que asegurar que la actividad desarrollada ante las autoridades, los cargos públicos y los funcionarios respete siempre el marco legal.

El director general de derechos y entidades jurídicas, Xavier Bernadí, expone, en declaraciones a El Nacional, que uno de los puntos clave de las personas y entidades jurídicas que se reúnen con alcaldes y concejales es "la voluntad de ejercer influencia en las políticas públicas o en la elaboración de las propuestas para hacer las normativas". La capacidad que pueda tener alguien para influir en las políticas públicas, sin embargo, puede ser interpretable por el Ayuntamiento y obviar su inscripción en el registro.

Según Bernadí: "Es subjetivo hasta un punto. Cuando un grupo o una persona contacta con un cargo público, ¿qué pretende? Lo que pretende es influir". Los grupos de interés, en este sentido, "van más allá de la idea que tenemos de lobby". El director general admite que los cargos municipales se pueden dejar influir por entidades y asociaciones sabiendo que el entorno de estos grupos les puede generar votos en las próximas elecciones.

El registro único estará en funcionamiento a principios del año que viene, cuando el Govern haya modificado el decreto que lo regula. Será obligatorio dejar constancia de las reuniones de los altos cargos con los lobbies. Este cambio para el Departament de Justícia representa "un salto adelante en transparencia y capacidad de los ciudadanos para fiscalizar la Administración de la Generalitat y las corporaciones locales".

La agenda pública

En paralelo al registro de los grupos de interés está la agenda pública. Todos los cargos están obligados por ley a mostrar todas las reuniones oficiales con los grupos de interés. Y si no se publica, hay sanciones previstas. De hecho, la ley catalana, a diferencia del resto, prevé sanciones. Por vulnerar la agenda pública hay multas de entre 6.000 y 12.000 euros, la suspensión e, incluso, la destitución.

También prevé sanciones para los grupos de interés. Porque en el momento que entran en el registro "aceptan de una manera forzada una conducta legal", dice Xavier Bernadí.

Qué son los grupos de interés

Según define la Ley de la Transparencia, un grupo de interés es "una persona o una organización que de manera lícita lleva a cabo actividades susceptibles de influir en la elaboración y la aplicación de las políticas públicas en beneficio e interés de otras personas u organizaciones".

Las organizaciones, asociaciones y fundaciones cuyos ingresos vienen de manera significativa de subvenciones o ayudas públicas, son grupos de interés. La ley prevé la publicación de la agenda de reuniones con los lobbies. En el mundo local los grupos de interés acostumbran a ser entidades sociales, asociaciones de empresarios o comercios, asociaciones de vecinos... El registro permite ver cuántas veces un alcalde se ha reunido con cada uno y si hay políticas públicas más encaradas a un sector que a otro y si benefician más un sector de población que al resto.

"No es una lista negra", dice el director general. "Influir no quiere decir influir negativamente ni ser corrupto", explica y concluye que la figura es "una organización pública que ayuda a las administraciones a tener una sociedad más democrática".