La fiscalía no ha justificado por qué quiere una lista de 256 testigos para el juicio del 1 de octubre y los mantiene a todos.

La sala segunda del Tribunal Supremo que tiene que juzgar el caso y que está haciendo los últimos trámites antes del juicio, pidió al ministerio público que justificara por qué pedía una lista de 256 personas para poder valorar la idoneidad de todos ellos antes de decidir si la aceptaba entera o sólo una parte.

Pero la fiscalía ha cogido la directa y mantiene un pulso.

En el escrito que ha presentado hoy mantiene a los 256 testigos, sin detallar los nombres, y dice que está perfectamente justificado en el escrito de acusación que presentó el 2 de noviembre.

Aunque la fiscalía no detalla los nombres en el escrito ni los ha querido facilitar a los medios de comunicación, en el escrito que ha presentado se intuyen algunos de los testigos por la descripción de cargos y funciones.

Como por ejemplo los hombres de confianza de Josep Lluís Trapero que formaban la prefectura de los Mossos d'Esquadra. Algunos de ellos, de hecho, ya han declarado durante la instrucción como testigos.

También se ha convocado a los responsables del CNP y la Guardia Civil y el coordinador de todo el dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

El ministerio público solicita la comparecencia del exletrado mayor del Parlamento Antonio Bayona -que renunció al cargo en junio pasado, después de haber cuestionado el referéndum unilateralmente, y el secretario general del Parlamento, Xavier Muro.

También el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, y el ex secretario general técnico del Ministerio de Interior Juan Antonio Puigserver.

Lo que era subsecretario del Ministerio de Hacienda cuando ocurrieron los hechos, Felipe Martínez Rico, también figura en la relación de testigos que propone la Fiscalía.

Otros testigos que quiere oír en el juicio el ministerio público son los miembros de la Mesa del Parlamento durante la pasada legislatura José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, y David Pérez, del PSC, así como el entonces director de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj, y el responsable del Diplocat, Albert Royo.

La fiscalía quiere que declaren también los 64 policías españoles heridos en las cargas del 1 de octubre.

Están citados también los guardias civiles que hicieron los registros del 20 de septiembre y que autorizó al juez de instrucción 13 de Barcelona.