El magistrado Adolfo Carretero, responsable del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, llevará a juicio a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, procesados desde abril por una supuesta estafa millonaria cometida hacia el Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en el peor momento de la pandemia de covid con un precio inflado y llevándose unas comisiones millonarias ilegítimas. El juez, una vez finalizado el proceso de investigación, les atribuye a los dos, delitos de estafa agravada y falsedad documental; y a Luceño también le imputa un delito contra la Hacienda Pública. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina. Los comisionistas hincharon los precios de las mascarillas, guantes y tests de covid de forma desorbitada para, presuntamente, obtener unas comisiones de hasta 6 millones de euros, tal como se supo a principios de 2022.
La decisión de Adolfo Carretero se produce después de que la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los últimos recursos de apelación, confirmando así completamente la instrucción del magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 y sin que esta decisión se pueda recurrir. El fiscal Luis Rodríguez Sol considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualquier otros al poder de los acusados, hasta conseguir la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.
En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los 5 millones, mientras que su socio tendrá que pagar, si es condenado, una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que los dos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid. A Luis Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometida por particular. A Luceño lo acusa de los citados delitos en calidad de autor, al lado de otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado. De igual forma, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.
"Enriquecerse exageradamente a costa de una situación de extrema necesidad"
"La intención de los dos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y falta de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior a lo que les era ofrecido por los suministradores, y eso a consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador", recalcó el fiscal. Insistía Luis Rodríguez Sol en que los acusados "convencieron" al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación" a pesar de las comisiones millonarias que se embolsaron.
En cuanto a los mordiscos, el escrito recogía que las transferencias que constan en la causa corresponden "al cobro de las comisiones previamente pactadas entre Leno y los acusados, si bien Luis Medina no negoció con Leno el importe de su comisión, sino que dejó esta gestión en manos de Alberto Luceño". "Tanto en esta como en las otras operaciones, Alberto Luceño le dijo a Luis Medina que iban a ir a partes iguales, cobrando los dos idéntica comisión," expone el fiscal, quien agrega que para mantenerle en esta creencia, le envió un documento en que se reconocía a los dos una comisión de 1 dólar por máscara (1.000.000 dólares en total), y esta fue la cantidad que efectivamente cobró Luis Medina.
No obstante, según apunta el fiscal, "Alberto Luceño ocultó a Luis Medina que, en otro documento aparte, había pactado con Leno una comisión adicional de 2 dólares por máscara; es decir, Alberto Luceño cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, el triple que el otro acusado. La Fiscalía sostiene en relación con la calidad de estas máscaras que "no ha podido ser analizada en laboratorio con las debidas garantías por haber caducado su plazo de uso". "No obstante, no se han aportado pruebas de que estas máscaras no reunieran las condiciones técnicas de una máscara KN95, asimilable a una máscara FFP2, por lo cual hay que presumir que reunían las especificaciones estipuladas en el contrato", añade.
Engaño al Ayuntamiento de Madrid
En el auto de procesamiento, Adolfo Carretero sostiene que las compraventas en las cuales intervinieron los investigados constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con luto unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener ningún poder de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles". Carretero afirmó que Medina y Luceño se enriquecieron" con eso y "perjudicaron" el Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios y en cantidad superior a 50.000 euros". El magistrado también apunta que Alberto Luceño "engañó al mismo Luis Medina en el reparto de comisiones" y que "las fijó unilateralmente".