Archivado. La magistrada de Barcelona que ha investigado la denuncia interpuesta por un coronel de infantería sobre el supuesto sorteo de una prostituta para recaudar fondos para la fiesta de la Inmaculada Concepción por parte de los militares del cuartel del Bruc, ha decretado su archivo al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de ningún delito, según una resolución comunicada este lunes por el gabinete de prensa del TSJC. El miércoles pasado, la Fiscalía de Barcelona ya pidió el archivo, al asegurar que se habían identificado a los dos responsables del anuncio y se había concluido que se trataba de un grupo de WhatsApp de 62 integrantes "no oficial" y que el "sorteo de la prostituta" era absolutamente ficticio, ya que nunca había habido una intención real de contratar los servicios de una prostituta, ni tampoco se había hecho ningún trámite para ello, sino que el premio real y efectivo acabó siendo una cesta de Navidad.
En la resolución, la magistrada del juzgado de instrucción 30 de Barcelona, Zita Hernández, comparte el posicionamiento de la Fiscalía y detalla la instrucción de este caso, donde precisa que se han interrogado hasta 76 testigos. De los hechos, afirma que no se enmarcan en ningún delito de promoción de la prostitución, ya que no se tiene constancia de que se llegara a contratar a ninguna persona, y tampoco de tráfico de personas, "porque no consta que haya ninguna víctima nacional o extranjera". Además, descarta un delito de odio contra las mujeres. "El sorteo no respondía a una realidad, porque en ningún momento consta que se llegaran a solicitar favores de ninguna prostituta", afirma la magistrada, y añade que "el que ganó finalmente fue premiado con una cesta de Navidad y no con una prostituta", además de aclarar que "el sorteo no pudo ser manipulado" porque se realizó antes de difundirse en los medios de comunicación el malestar en la caserna. La denuncia se presentó en marzo de 2022 al trascender el sorteo de una prostituta.
El anuncio "desafortunado"
La magistrada, en la resolución, afirma que "los mensajes difundidos son claramente desafortunados, pero no suponen un discurso de odio", ya que asegura que "en ellos no se incita a despreciar, menos valorar, vejar y mofarse del colectivo de prostitutas ni de las mujeres en general". Precisa que el cartel que publicitaba el sorteo se confeccionó con fotografías de mujeres anónimas, extraídas de internet y con la cara pixelada, y sin aportars nombres o datos que permitiera identificarlas, por lo tanto, "no hay constancia de ninguna víctima concreta que pudiera ser damnificada", concluye la magistrada.
La jueza afirma que "el exhaustivo informe de la fiscalía" acoge que "ningún delito es atribuible a las Fuerzas Armadas porque el supuesto sorteo se difunde en un grupo de WhatsApp privado, no de forma oficial, sin ninguna autorización de los mandos, y sin dinero público usado para estas actividades. Por todo eso, cierra la investigación, resolución de la cual se puede presentar recurso a la Audiencia de Barcelona.