Un caso insólito. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite una querella por prevaricación contra la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, la magistrada Maria del Carmen Suárez Vázquez, por haber hecho detener a un hombre, que en aquellos momentos era letrado de la Administración de Justicia, porque no lo localizaba y para que pagara una multa de 150 euros por una pena leve. Era agosto pasado y el hombre estaba de vacaciones con la familia. La magistrada Suárez fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta muy grave de desatención y retraso injustificado cuando dirigía el juzgado de instrucción 21 de Barcelona, con la suspensión para ejercer de jueza durante tres años, el 2003. La instructora de la causa ha citado a la magistrada en el TSJC para que declare como investigada el próximo 14 de diciembre.
El querellante fue condenado por un delito leve de lesiones en el juzgado de la magistrada Suárez. El hombre presentó un recurso de apelación a la sentencia, a través de comunicación telemática y desde entonces no recibió ninguna notificación más. Lo más sorprendente es que agentes de la Guardia Civil se personaron en el hotel donde el hombre estaba alojado con su familia en las islas Canarias y cuando estaba a punto de ir a una excursión, el 24 de agosto de 2021. Lo condujeron al juzgado para notificarle "una resolución temeraria y surrealista", según su abogada, Mónica Aguilar, del despacho Lealta Abogados, porque en el auto se afirma que "su paradero es ignorado y es insolvente", y en consecuencia se ordena su búsqueda y detención e ingreso en un centro penitenciario por el impago de una multa por importe mínimo: 150 euros.
A 100 metros de la magistrada
En la querella y posteriores escritos, la abogada asegura que se desmonta la afirmación que el hombre "era a una persona insolvente", ya que en la búsqueda sobre su patrimonio se refleja la existencia de dinero y medios para pagar la multa. Y añade, que "tampoco era una persona con ignorado paradero", porque vivía en el domicilio designado y su oficia "estaba a escasos 100 metros" del de la magistrada Suárez, en la Ciutat de la Justicia. E, insiste en que en la causa está registrado su correo electrónico como medio de comunicación. Desde Lealta Abogados también se afirma que si fuera cierto que el hombre no podía ser localizado, la magistrada tendría que conocer el artículo 53 del Código Penal, que "obliga al juzgado a usar otras vías menos gravosas, como haber solicitado el embargo" antes de ordenar su detención por una multa que el querellante podía pagar. Reitera que se trataba de una conversión de una pena leve a multa y que tenía que haber requerido al sancionado, antes de hacerlo detener.
El CGPJ no veía ninguna responsabilidad
Y ante este agravio vivido, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) decidió interponer una querella delante del TSJC por el delito de prevaricación contra la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, el febrero pasado. Su abogada, además, manifiesta que resulta "inverosímil" que el CGPJ haya archivado la denuncia del LAJ "por no apreciar responsabilidad disciplinaria de la magistrada", cuando -sostiene-, decía todo el contrario el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, y cuando finalmente el TSJC ha admitido a trámite la investigación por prevaricación contra ella, a pesar de que inicialmente se archivó la querella y se aceptó en el recurso de súplica por parte de la instructora, la magistrada Maria Eugenia Alegret.