"El mismo legislador admite la discriminación si en real decreto 6/2019 permite una brecha salarial hasta el 25%; con este ritmo nunca llegaremos a la igualdad." Es la contundente afirmación de la magistrada Rosa María Virolés Piñol, presidenta de la sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo, des del novimenbre de 2022 y jubilada por ley el julio pasado. Virolés ha expuesto sus progresistas criterios este viernes, durante la jornada Los retos de la Igualdad de género de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. La experta en la jurisdicció social ha manifestado que "el legislador se esfuerza y se hacen cambios, pero la mujer siempre será la más perjudicada porque cotiza menos, por la jubilación..." y ha insistido en que "hay una discriminación múltiple: por ser mujer, extranjera, con trabajo temporal o tener una discapacidad". La jueza ha apostado para que jueces e inspectores de trabajo apliquen más la ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, a pesar de que considera que la normativa actual "todavía es poco" para alcanzarla.
Virolés, con el magistrado Ignacio García-Perrote, emitió un voto particular contra la reciente sentencia Tribunal Supremo que unifica doctrina y rechaza que en una familia monoparental, la madre o el padre pueda disfrutar de un permiso doble (32 semanas) por el nacimiento y el cuidado del menor, en sustitución del permiso del otro progenitor, que tribunales catalanes y del País Vasco habían aceptado. La jurista ha explicado que argumentó que "el derecho del menor es superior y que las leyes se tienen que aplicar con perspectiva de género". Virolés, que también fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha revelado que ha expresado diversas veces su criterio discrepante a la mayoría de compañeros de sala y ha bromeado, diciendo (y en castellano), "Me tendrían que dar el premio al voto particular", a pesar de añadir que un profesor le decía: "Un voto particular hoy es una sentencia mañana".
Supremo con vacantes
La jubilación de Virolés elevó a 22 las plazas vacantes del Tribunal Supremo, de las 79 que tendrían que sumar las cinco salas, cifra que se eleva en 23, con un magistrado jubilado de la sala de lo Militar en septiembre. El Gobierno aprobó una reforma legal en marzo de 2021 para que no se puedan renovar los cargos de los altos tribunales hasta que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP mantiene bloqueado desde hace cuatro años y medio. "Hay letrados que hacen propuestas de sentencia, siguiendo la jurisprudencia de la sala; las cosas tienen que cambiar", ha declarado Virolés.
En la jornada, había la presidenta de la sala de apelaciones del TSJC, Àngels Vivas, que en la jornada de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos del año pasado hizo una exposición brillante y crítica de la ley del 'solo sí es sí'.
La igualdad material
En la jornada, también ha intervenido la catedrática de derecho del trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra, Julia López, que ha reivindicado por "seguir trabajando en la igualdad material", así como hacer auditorías de los planes de igualdad que se han implantado en la mayoría de ayuntamientos, y en ciertas empresas, porque "ahora se tiene que hacer prevención de la discriminación social, que es sistémica; no legal". En este sentido, la experta ha asegurado que "con la ley catalana 19/2020 se puede adelantar sin necesitar normativa española, y que hay ayuntamientos como el de Cambrils, que en su plan de igualdad hace referencia a las normas comunitarias". Con respecto a la prevención, ha detallado que ahora se tendría que estudiar "porque todos los trabajos de limpieza son ocupados por mujeres" para romper esta discriminación sistémica.
También han intervenido la inspectora de Trabajo, responsable del grupo especializado en género, Telma Vega; Miguel Arena, abogado del Colectivo Ronda, y María Macarena Martínez, magistrada de la sala de lo social del TSJC. La clausura, ha sido a cargo de Olga Arderiu, de la Comisión de Dones Advocades del ICAB.
En la foto principal, la magistrada Rosa María Virolés y la catedrática Julia López, en la jornada de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos, este viernes. / Foto: Miquel Muñoz