El magistrado Guillem Soler Solé (Barcelona, 1976) ha presentado su candidatura a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), según ha podido saber ElNacional.cat. Este lunes es el último día para presentar candidaturas a encabezar el TSJC, que preside al magistrado Jesús María Barrientos (de la asociación judicial Francisco de Vitoria), que ya aclaró que no quiere optar a este cargo que se tenía que renovar en el 2021 por el bloqueo del PP al cambio de los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), finalmente acordado.
Guillem Soler es miembro de la asociación Ágora Judicial, constituida en el 2018 por un grupo de jueces y juezas, la mayoría catalanes, defensora modernizar y democratizar los altos cargos de la judicatura, que se garantice los derechos para todo el mundo y preocupados por la vulneración de derechos en Catalunya, especialmente con las persecuciones a raíz del Referéndum por la Independencia de Catalunya del 2017. Una de sus propuestas es potenciar la presencia del catalán en la justicia, que ahora es muy exigua.
Impugnación de la convocatoria
El magistrado Soler, que es titular en un juzgado de primera instancia de Barcelona, es abiertamente crítico con algunas resoluciones del Tribunal Supremo, especialmente con todo lo relacionado con Catalunya y el procés. Su candidatura es para, al menos, hacer reflexionar y sacudir el sesgo anticatalán de algunas togas.
Precisamente, además de su candidatura, el magistrado Soler ha presentado un recurso de reposición contra las bases de la convocatoria porque sostienen que tienen "muchas deficiencias". Ha pedido que la renovación de la presidencia del TSJC se detenga hasta que el CGPJ no lo resuelva. La convocatoria, que se publicó en el BOE del 5 de noviembre pasado, se puede impugnar hasta el 5 de diciembre.
En concreto, el juez de Ágora Judicial impugna cuatro puntos: el hecho de limitar a 10 minutos (antes eran 60) el tiempo de la comparecencia de los candidatos ante la comisión de calificación del CGPJ; el hecho de excluirse la posibilidad de hablar, en esta comparecencia, del programa de actuación, en contra de lo que prevé el reglamento aplicable, y la obligación de centrarse, solo, en los méritos, así como el hecho de no valorarse el conocimiento de idiomas extranjeros.
Y, finalmente, lo que considera más importante es el hecho de que se valoraran los méritos gubernativos (haber estado en la sala de gobierno del TSJC, haber sido decano, etc.) por encima de los méritos jurisdiccionales. Los dos tendrían que estar al mismo nivel, según su opinión.
Mercè Caso, la favorita
Para ocupar la presidencia del TSJC, la asociación Jueces y Juezas por| la Democracia ha presentado a la magistrada especializada en Familia Mercè Caso, que es la favorita y tiene una amplia experiencia gubernativa porque ha sido decana de los juzgados de Barcelona. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria a la judicatura, no ha anunciado todavía si finalmente presenta un candidato o candidata. Los presidenciables tendrán que hacer una entrevista delante del CGPJ, que al final escogerá a uno para la presidencia durante los próximos cuatro años. En la larga lista de cargos judiciales pendientes de renovar, también están las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Andalucía, Castilla y León, Castella- la Mancha, y València.
Excepcionalidades jurídicas
El magistrado Guillem Soler elaboró en el 2022 un trabajo en el cual sostiene que el intento de secesión de Catalunya se ha combatido, desde el otoño de 2017, con una "excepcionalidad jurídica" que se ha convertido en "permanente y general", vista su duración en el tiempo y la afectación en varios ámbitos sociales. Define como excepcionalidades jurídicas "aquellas decisiones públicas imperativas de gobierno o, especialmente, judiciales que se alejan de lo que hasta un momento determinado había sido la regla o criterio general". Y lo ejemplarizaba con la imposición del 25% de castellano en las escuelas por parte del TSJC, sin tener ningún informe de expertos o técnico de la situación real en los centros, o la persecución a los líderes independentistas.
Desde hace unos meses, el magistrado Soler explica, de forma pedagógica y brillante, estas excepcionalidades en sus colaboraciones en ElNacional.cat. Ha defendido que el movimiento independentista catalán tiene que articular acciones y desarrollar el concepto de Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP), como citó el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). También ha denunciado la vulneración de derechos por parte de la justicia española al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al registrar su móvil y ordenadores por un supuesto delito contra la intimidad de la pareja de Ayuso.
El problema de los desahucios
El miembro de Ágora Judicial también se ha implicado en intentar dar soluciones prácticas y garantistas ante la lacra de los desahucios. Hace dos años, con otro magistrado y dos letradas de la Administración de Justicia, elaboraron el documento Problemáticas prácticas y jurídicas en la ejecución de los lanzamientos de viviendas, como grupo de trabajo, para ser una herramienta de trabajo de la judicatura, a pesar de los constantes cambios normativos. La vivienda es un grave problema social, como denuncian colectivos -miles de personas se manifestaron este sábado, convocados por el Sindicat de Llogateres- mientras el Gobierno hace caer normativa catalana más avanzada.