El exjefe de los Mossos d'Esquadra, el major Trapero, ha vuelto este viernes al Parlament de Catalunya. Lo ha hecho como jefe de la División de Evaluación de Servicios (DAS), dónde fue enviado después de ser destituido como jefe del cuerpo en diciembre de 2021. El major ha comparecido en una nueva sesión de la Comisión de Estudio del Modelo Policial de Catalunya que se está llevando a cabo los últimos meses en la cámara catalana con el objetivo de redactar una nueva Ley de la Policía. Concretamente, el major ha sido citado para "evaluar la creación de un mecanismo público e independiente de control, evaluación e investigación de las actuaciones policiales", tal como consta al orden del día de la sesión de hoy, que ha contado también con la intervención de Pedro Javier Ariche Axpe, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya y jefe de la División de Asuntos Internos (DAI), Jaume Garcia.

Más allá de este encargo que le había hecho la comisión, el major Trapero ha aprovechado su intervención en el Parlament de Catalunya para tirar una serie de acusaciones veladas, que no ha puesto nombre y apellidos, contra el departamento de Interior y quien, según él, manda ahora que él ya no está, en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. A la pregunta que se ha hecho él mismo sobre si los Mossos d'Esquadra son o no una "policía democráticamente avanzada", aunque ha dicho que no respondería, lo ha acabado haciendo listando una serie de elementos que cree que no se hacen a los Mossos d'Esquadra.

"No es culpa de los uniformados"

Con todo, sin embargo, el major claramente no apunta a los policías. "No es culpa de los uniformados", ha repetido en varias ocasiones. Trapero sabía perfectamente dónde disparaba. En el momento que ha querido poner de relieve la importancia de la "jerarquía" también ha llegado a acusar a personas "sin responsabilidad orgánica ni cargo público" de controlar y dirigir el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Con todo, sin embargo, de manera muy calculada, el major ha evitado dar ningún dato o prueba que pudiera relacionar sus acusaciones con personas concretas que hayan dirigido o controlen ahora el departamento de Interior o la intromisión de cargos de confianza.

De fondo, el major Trapero durante su intervención en el Parlamento de Catalunya / Foto: Carlos Baglietto

El major también ha aprovechado para poner sobre la mesa la posibilidad de apartar la Comisaría General de Investigación Criminal de la estructura gubernativa. También de manera velada, el antiguo jefe del cuerpo ha querido así alimentar la teoría de las injerencias políticas en las investigaciones judiciales, si bien no ha dicho que él nunca propuso u ordenó este cambio de organización o que las acusaciones hechas contra el actual comisario jefe, Eduard Sallent, ni se han denunciado ni se han demostrado y él mismo ha negado por activa y por pasiva. En la serie de ataques contra la dirección política de los Mossos también ha lamentado que la falta de transparencia de la policía de Catalunya en la gestión de su comunicación tampoco es culpa de los uniformados y ha vuelto a apuntar a los políticos.

Trapero se reivindica

"Los funcionarios de la Generalitat de Catalunya tenemos que servir lealmente al Govern para ejecutar las directrices políticas", ha asegurado, pero ha añadido que ellos también son los que los tienen que quitar de la cabeza "las tentaciones que pueden tener algunos políticos de apartarse de la línea correcta" y "abrazar el partidismo" y "convertir a la policía en un instrumento en beneficio de unos pocos", recordando, según él, "modelos pretéritos de policías políticas y serviles".

Sobre el organismo evaluador externo

Con relación a la petición concreta que había recibido por parte de la comisión para evaluar si hace falta o no hace falta un organismo de control externo para analizar y controlar las intervenciones policiales, el major ha manifestado que está totalmente en contra.

El exjefe del cuerpo ha asegurado que los mecanismos de control interno que hay actualmente en el cuerpo tienen su confianza y que ya funcionan y también ha puesto sobre la mesa los problemas legales que pueden generar el acceso a la información policial a personas ajenas a la estructura de Mossos o de la judicatura.