El Sindicat de Llogateres ha convocado a más de un centenar de manifestantes en contra de los recortes del Tribunal Constitucional a la ley de alquiler de Catalunya. La concentración se ha hecho bajo el lema "La regulación no se toca", donde aproximadamente 200 personas se han reunido a las 18h en la plaza de Sant Jaume para subir el grito contra la estocada que ha recibido esta ley de los alquileres. El sindicato ha cargado contra la decisión del TC de recortar el derecho a la vivienda, ya que "defiende así los intereses y los beneficios del lobby inmobiliario y de los fondos buitres". Han advertido que "volveremos a regular los alquileres" y han hecho un llamamiento a que se sumen a la lucha los partidos políticos y las más de 4.000 entidades que ayudaron a redactar e impulsar la ley de alquiler de Catalunya.
"Sube la luz, el gas, el IPC, la cesta de la compra y la gasolina. Pero no suben los sueldos y somos cada día más pobres. Ahora los alquileres también subirán porque el TC ha tumbado la regulación. ¿Crees que hay que recuperar este derecho"?, ha criticado al sindicato a través de las redes sociales. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado parte de la ley catalana de la vivienda, la 11/2020, de medidas urgentes en materia de contención de los precios de los alquileres, a instancia del grupo parlamentario del PP, según han adelantado fuentes diferentes y después confirmado por el TC. El pleno del TC ha aprobado por unanimidad que nueve artículos de la ley catalana invaden competencias del Estado español y las declara inconstitucionales. Ante esta noticia, los grupos parlamentarios que aprobaron la ley, en septiembre de 2020, JxCat, ERC, Comunes y la CUP, han convocado una comparecencia esta tarde al Parlamento. El Sindicat de Llogateres ha pedido una respuesta urgente al Gobierno. La resolución del TC, de la cual ha sido ponente el magistrado Ramon Sáez, todavía no se ha hecho pública desde este tribunal.
En concreto, el TC anula: los artículos 1, 6 a 13,15 y 16.2; las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; la disposición transitoria primera y la final cuarta, letra b); la disposición adicional cuarta, y la disposición final tercera de la Ley de Catalunya 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. La norma obligaba a congelar o bajar los precios de los alquileres en las zonas de "tensión" residencial en las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedaban exentos los inquilinos con ingresos menores de 2.000 euros mensuales. A efectos prácticos, parte de la ley 11/2020 quedaría tumbada en el momento en que se haga pública la resolución del TC, lo cual pasará en los próximos días, alerta al Sindicat de Llogateres, de que pide una acción firme del Govern de la Generalitat. Precisamente, hoy el Gobierno sacaba adelante la nueva ley de la vivienda, aunque invade competencias de las autonomías, alertó el Poder Judicial.
El futuro de los alquileres
El TC ha avanzado, en un comunicado, el contenido de la resolución y uno de los puntos claves son que sostiene que "no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica y al legítimo fin de procurar la estabilidad en las relaciones contractuales preexistentes. Los efectos serán -indica- pro futuro". Es decir, los contratos de arrendamiento de viviendas suscritos con anterioridad al momento de la actual resolución se mantienen en sus términos.
Además, precisa que "la finalidad de la reserva estatal en materia de derecho de contratos es por|para la necesidad de garantizar un común denominador en los principios que tienen que regir las obligaciones contractuales, hecho que se consigue cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional." E insiste que la jurisprudencia constitucional fija la competencia estatal de las "bases de las obligaciones contractuales" y que tiene que ser entendido como "una garantía estructural del mercado único y supone un límite en sí a la diversidad reguladora que pueden introducir a los legisladores autonómicos".