Desde la denuncia por la consulta del 9N, el sindicato Manos Limpias no ha parado de recurrir a los juzgados para parar el proceso independentista a golpe de ley y de Constitución. La insistencia de esta asociación de denunciar todos los movimientos del independentismo catalán lo han convertido en el principal azote del procés en los juzgados.

Contra la famosa pitada al Rey

Manos Limpias denunció la pitada al rey Felipe VI de la final de la Copa del Rey del 30 de mayo del año pasado por parte de los seguidores de Barça y el Athletic de Bilbao. La Fiscalía, de la mano de la asociación, acusa a 95.000 aficionados de los delitos de injurias al Rey y a los símbolos del Estado. Nunca antes se había llevado tan lejos una pitada contra el jefe de Estado, aunque no era la primera ocasión: el rey Juan Carlos también había vivido episodios parecidos en el Vicente Calderón en el 2012 y en el Mestalla en el 2009.

Contra la resolución del 9N

Un año después de la consulta, cuando todavía no había Govern, Junts pel Sí y la CUP presentaron la declaración de inicio de desconexión con el Estado. Manos Limpias y UPyD denunciaron los nueve puntos del texto al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), acusando de rebelión y sedición al expresidente de la Generalitat Artur Mas; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los diputados Jordi Turull y Marta Rovira de Junts pel Sí; la diputada de la CUP Anna Gabriel y el exdiputado, también de la CUP, Antonio Baños. Esta vez, y rompiendo con los precedentes, el TSJC no admite a trámite la querella porque considera que los hechos no son constitutivos "de este delito ni de ninguno otro ilícito penal". No obstante, en la misma investigación, la Fiscalía pidió el listado de todos los ayuntamientos que habían presentado o aprobado mociones de apoyo a la declaración rupturista.

Contra las leyes de desconexión

Nada más hacerse público que el TSJC había rechazado la querella contra los principales responsables de la resolución, el pasado 5 de febrero abrieron otro proceso contra los diputados Jordi Turull y Marta Rovira de Junts pel Sí, y Antonio Baños y Anna Gabriel de la CUP por haber puesto en marcha las ponencias con la finalidad de debatir las tres leyes para la desconexión: Hacienda propia, Seguridad Social y Procedimiento Administrativo. La asociación Manos Limpias los acusó de desobediencia, provocación, conspiración y sedición.