Las prisiones catalanas tienen, al menos, 236 personas con discapacidad intelectual, que representan el 2,7% del total de reclusos que cumplen una condena (8.635 presos, este enero). Es un porcentaje elevado si se compara con la población con discapacidad intelectual reconocida en Catalunya, que es un 1% (más de 84.000) con respecto a los 8 millones de personas que viven en el territorio actualmente, según la estadística actualizada. La cifra de presos con discapacidad podría ser mayor porque las 236 personas son las que constan atendidas en el Programa de atención a la discapacidad intelectual y del desarrollo (Programa DID) en todos los centros penitenciarios durante el año 2023. Además, de este total, solo 136 presos tienen el certificado oficial de discapacidad. Las 100 personas restantes no lo tienen y han accedido al programa como personas en situación previa al diagnóstico de discapacidad intelectual (pre-DID), y en función de su perfil, se las ubica en unidades ordinarias o en los departamentos de enfermería o psiquiatría de los centros penitenciarios porque "no hay unidades especializadas para atenderlos".

Así se recoge en un nuevo informe de la síndica del Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, que -acompañada del adjunto general, Jaume Saura- lo ha presentado este lunes por la tarde al president del Parlament, Josep Rull. En el informe, se alerta de que la prisión de Mujeres de Wad-Ras y la de Ponent no tienen unidades especializadas para atender en este colectivo y también se reclama que se impulsen acciones con la judicatura para que las personas con discapacidad intelectual cumplan el castigo fuera de los penales. "La apuesta por el medio abierto de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo tiene que ser una prioridad", ha manifestado la síndica.

En este sentido, se añade que "las instancias jurisdiccionales tendrían que derivar a estas personas hacia otros recursos más adecuados a su situación". Sin embargo, la sindicatura sostiene que no se hace porque "a menudo" en los juzgados "no se detecta la discapacidad y se tiene que asumir el problema desde la administración penitenciaria".

Visitas a 35 comisarías y prisiones

La situación de las personas con discapacidad intelectual en los penales catalanes se recoge en el decimocuarto informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT) del Síndic de Greuges, en el cual se detalla que el año pasado visitaron (sin previo aviso) 35 centros con personas privadas de libertad: 19 comisarías de policía, de las cuales 12 de policías locales y 7 de los Mossos de Esquadra; ocho centros penitenciarios, seis centros educativos de justicia juvenil, un centro sociosanitario y un servicio de atención hospitalaria psiquiátrica.

De las comisarías de las policías locales, la síndica apuesta que se cierren todas las celdas de custodia de detenidos y pasen a estar en las de los Mossos. Y, al mismo tiempo, se recuerda a la policía catalana que las personas detenidas tienen el derecho de ser visitadas por un médico, sin esposas y de forma privada, según recoge el convenio de Estambul, suscrito por el Estado español.

Única unidad en Quatre Camins

Con respecto a las personas con discapacidad intelectual, la síndica recuerda que en el 2013 el Departament de Justicia y la Federación Catalana de Discapacidad Intelectual (DINCAT) elaboraron el programa marco de atención e intervención a las personas reclusas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), con el objetivo "de evitar que estas personas sean un blanco fácil en las prisiones catalanas y garantizar la seguridad y la reinserción". Y es que estas personas pueden ser influenciadas negativamente por otros reclusos, o al no comprender las pautas del penal son sancionados y, demasiado a menudo, "aislados de forma prolongada" a los departamentos de seguridad (DERT), donde se encierra a personas peligrosas o conflictivas.

La primera medida de este programa para la intervención residencial fue la creación de una unidad especial para personas con discapacidad intelectual dentro del centro penitenciario Quatre Camins. Se llama Departamento de Atención Especializada (DAE), y actualmente es una unidad de convivencia con treinta y cinco plazas. Ninguna de las otras ocho prisiones catalanas (ni la de Joves)  tiene un DAE, aunque se han creado unidades para personas vulnerables y con profesionales formados para atenderlos.

Mujeres, doble discriminación

En el informe se detalla que "la falta de unidades específicas hace que, en la práctica, la mayoría de personas con DID convivan mezcladas con otros internos vulnerables, ya sea porque tienen una patología mental, un problema de consumo o una discapacidad". Se añade que en algunas ocasiones, además, la estancia en estos espacios alternativos está limitada a dos años, lo cual no es adecuado para las personas con discapacidad intelectual.

Se sostiene que "las prisiones de Ponent o la de Wad-ras de Dones, ni siquiera tienen previsto disponer de este espacio para atender a los internos en situación de vulnerabilidad". Y se asegura de que "las mujeres con DID sufren una doble discriminación: porque o bien no hay un espacio específico para ellas o bien lo que hay es claramente insuficiente".

En el informe, se admite que "se están haciendo esfuerzos por adaptar el entorno penitenciario a las personas con DID, pero se añade que todavía hay carencias que hacen que no se los preste una atención adecuada a sus necesidades".

Finalmente, la defensora del pueblo ha vuelto a pedir el Departamento de Justicia, que dirige Ramon Espadaler, que revise la circular 2/2024 aprobada, que restringe trabajar en las cocinas de prisiones a reclusos condenados a delitos de sangre, después del asesinato de Núria López, cocinera del penal|penalti de Mas d'Enric, por parte de un recluso, el año pasado.

 

En la foto principal, un funcionario de prisiones controla los espacios comunes de la prisión de Brians 2. / Foto: Dep. Justicia / Archivo