La directora y fotógrafa Silvia Grav, que denunció el pasado octubre a través de sus redes sociales el acoso del cineasta Eduard Cortés, ha publicado este lunes un vídeo en el que explica que han contactado con ella 53 mujeres, casi muy españolas, pero también de Colombia y México, que han vivido situaciones similares. "Sabemos que hay muchas más", afirma Grav en el vídeo en el que habla en nombre de las 27 mujeres de que dieron sus testimonios en un artículo de El País el 18 de diciembre asegurando haber sufrido acoso sexual por parte de Cortés, quien les habría ofrecido trabajo en sus producciones con la condición que se grabaran desnudas, masturbándose o en otras prácticas sexuales. Conocidas como 'las 27', aunque el número ya se ha elevado además de una cincuentena, Grav explica en el vídeo remitido a los medios al lado de un comunicado escrito que "pasar por este proceso no es fácil", habla de "grietas" en el sistema y en el sector del cine y justifica por qué esta denuncia se hace públicamente, y no por vía policial.

 

Aplicación de protocolos

Las 27 mujeres entrevistadas por El País, han hecho un comunicado en el que señalan por qué "muchas denuncias de violencia sexual no se hacen a través de la policía". En el escrito, las firmantes aseguran que no buscan "venganza, sino sanar" y que "las que ya están y las que están por llegar no tengan que sufrir lo que vivimos nosotras". También remarcan que los crímenes prescriben en muchos casos antes de que la víctima haya podido procesar el trauma o tener el apoyo o la fuerza o la seguridad necesarios para enfrentarse a un proceso judicial que será muy duro y mucho largo". Y añaden que "el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado. Estas limitaciones legales dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se tendría que tolerar". El texto, firmado por estas 27 mujeres, hace una aclaración: "Por cierto, no somos 27, sino 52".

Las víctimas aprovechan el texto para agradecer el apoyo que han recibido desde que denunciaron el caso, pero también aprovechan para reclamar que los protocolos dentro de las industrias y academias vayan más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales, premios, y mesas redondas. "Las investigaciones tienen que realizarse sin importar el estatus de afiliación; el abuso no tendría que depender del rango del agresor", defienden. Sin embargo, recuerdan que "denunciar es caro" y las víctimas "enfrentan altos costes emocionales, legales, económicos y de revictimización al intentar defenderse". "La justicia gratuita y los abogados de oficio exigen unos parámetros muy difíciles de cumplir, o que simplemente no encajan en nuestro caso", remarcan, por lo cual consideran que el Código Penal "está obsoleto y necesita actualizarse para que los abusos de poder en entornos laborales sean castigados de manera efectiva". Por otra parte, subrayan que las denuncias públicas también son denuncias y "en muchos casos, son la única manera de romper el silencio, evidenciar un patrón, y generar la catarsis necesaria para cuestionar y cambiar aquello que no funciona".

Ninguna investigación

Después de la denuncia de Silvia Grav, la Academia de Cine Català anunció que abría una investigación contra Cortés porque era miembro de la entidad. Finalmente, el proceso no se produjo. El director de Merlín y Ni una Más comunicó que se daba de baja a finales de noviembre a través de un e-mail, antes de que la institución lo pudiera citar a declarar. Desde la Academia Catalana les recomendaron a las mujeres que acudieran al despacho de Carla Vall, un bufete privado que colabora con la institución en un servicio independiente para la atención a víctimas.