Más de 200 miembros del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), concretamente 218, han respondido este domingo al polémico manifiesto de la sección de derecho constitucional del mismo Colegio donde se daba apoyo a la sentencia del TSJC que obliga a realizar el 25% de las horas lectivas en castellano en Catalunya. En este nuevo manifiesto, los 218 abogados muestran su "profundo rechazo a un comunicado estrictamente político alineado con las tesis ultranacionalistas españolas que tanto han ayudado a vaciar de contenido las palabras "Constitución" y "constitucionalista" que dicen defender".
Al mismo tiempo, los juristas se muestran sorprendidos con la "falta de contenido jurídico" del manifiesto ultra, con la "utilización de los comunicados del ICAB para transmitir opiniones políticas", aunque recuerdan "que no es la primera vez" y la ruptura del principio básico de "respeto a la presunción de inocencia".
Los abogados siguen lamentando que el hecho de que la Junta del ICAB no haya emitido ningún comunicado rechazando el manifiesto ultra provoca "la confusión de la parte por el todo" y que critican que, "de esta manera, el comunicado de la Sección de Derecho Constitucional, ocurre un comunicado político amparado por el ICAB".
Para acabar, estos juristas piden que respeten a los principios rectores de la profesión y, apelando directamente a la junta del ICAB y a la decana, Maria Eugènia Gay, el rechazo inmediato del tono y contenido del comunicado.
Este es el manifiesto y sus firmantes:
Manifiesto ultra
Todo se remonta al pasado viernes cuando la sección de Derecho Constitucional del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) publicó un comunicado contra el Govern por su respuesta a la imposición del 25% del castellano a los centros educativos y por la supuesta "desprotección" de la familia del centro educativo de Canet de Mar.
En el comunicado, la sección, presidida por el abogado Francisco Chamorro Bernal, acusa al president Pere Aragonès y el conseller de Educació, Josep González Cambray, "de negarse públicamente a dar cumplimiento a la sentencia" en una materia curricular, aparte de la del idioma, "además de dar apoyo al equipo directriz de la escuela de Canet de Mar".
La sección también acusa al Govern "de no citar nada de lo que ha sucedido con el niño de cinco años de Canet, en lo cual, en las redes sociales, se proponía aislar en su clase y apedrear su casa". Y sostiene que "esta sección de Derecho Constitucional entiende que la actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat es de extrema gravedad y atenta de forma frontal contra el principio del Estado de Derecho". E incluso se acusa de desprotección del menor en la escuela de Canet, al asegurar que "en una democracia avanzada como la nuestra se tiene que garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria".