Más de medio millar de abogados se ha inscrito en la primera formación gratuita, que ha organizado el Consell de l'Advocacia Catalana para analizar la transformación judicial que implicará la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que se tiene que aplicar de forma progresiva en los partidos judiciales desde abril hasta diciembre. Descifrando la ley de eficiencia es el nombre con el cual la institución ha bautizado este plan formativo, del cual sostiene que es "de más envergadura", y que hará sesiones en los 14 colegios que representa (Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa y Vic, además de adheridos los de las Illes Balears, Perpinyà y Andorra), y que reúne más de 40.000 colegiados.
La primera jornada se ha programado este martes, por la tarde, en el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, con un centenar de plazas de asistencia presencial, y unos 500 en línea, que ya se han agotado, según han informado a ElNacinonal.cat fuentes de la institución. Ante esta expectativa, la Advocacia Catalana ha resuelto que colgará íntegramente la jornada en su web, dos días después de realizarse, para que pueda ser visualizada en diferido por los colegiados. Después de Terrassa, se han organizado jornadas en los colegios de Figueres (17/2), Reus (11/3) y Barcelona (18/3).
Cambios organizativos y procesales
El principal cambio es que los juzgados unipersonales desaparecerán y serán sustituidos por Tribunales de Instancia, donde trabajarán en equipo unos ocho jueces o más con funcionarios compartidos, que ha de suponer unificar criterios y poder reaccionar rápido en casos de avalancha de demandas o ante una investigación voluminosa. Los primeros juzgados que tendrán estos cambios son los mixtos, de civil y penal, llamados juzgados de Primera Instancia e Instrucción, como en Santa Coloma de Gramenet o en la Bisbal d'Empordà. La norma también incluye cambios procesales, como sesión obligada de conciliación o mediación, que se incluye en la ADR Mediación Masc (Alternative Dispute Resolution).
La Advocacia Catalana aprueba este cambio organizativo, aunque reclama que la justicia no se aleje del ciudadano con las tecnologías y que se informe correctamente al justiciable sobre posibles acuerdos, ya que en algunos procedimientos no hace falta la presencia de letrado.
Ponentes expertos
El acto en el Col·legi d'Advocats de Terrassa será inaugurado por Joan Martínez, presidente del Consejo de la Advocacia Catalana y decano del ICA Granollers, y otros representantes, como la decana del ICA Terrassa, Carmen Oriol Fita.
La primera ponencia sobre la organización y estructura de los tribunales de instancia (civil y penal|penalti), irá a cargo de Jordi Álvarez Morales, juez decano de Terrassa. Iolanda Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia del Departament de Justicia, expondrá la transformación de los primeros 33 del total de 49 partidos judiciales que tiene Catalunya, cambio que tienen que cumplir en julio, y adaptarse a las oficinas judiciales. La segunda fase se prevé a en octubre, y la última, con los partidos judiciales grandes, como Barcelona, en diciembre.
La abogada de Barcelona Cristina Vallejo explicará los requisitos de procedibilidad, y las acciones de mediación y conciliación. Finalmente, Alfonso Núñez Cacho, letrado de la Administración de Justicia del juzgado de 1.ª instancia 46 de Barcelona, explicará las facultades de los letrados y letradas de la administración de justicia en esta organización, donde dirigirán a los funcionarios.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dotado esta nueva ley de un anexo presupuestario. Desde el Departament de Justicia, que dirige Ramon Espadaler, se ha impulsado grupos de trabajo con la judicatura para cuantificar necesidades de personal y material. Desde Justicia no se renuncia a reclamar a unos 55 jueces nuevos al ministerio porque consideran que la planta no está equiparada a la que tienen en el resto del Estado español. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, elevó esta cifra a un centenar de jueces más.