Las novedades sobre la gestión de la DANA por parte del gobierno de Carlos Mazón todavía ponen más en cuestión sus decisiones después del desastre. Este lunes se supo que Mazón había adjudicado a dedo tareas de limpieza y reconstrucción a una empresa en la quel trabajó el jefe de gabinete y secretario autonómico de Comunicación de Mazón, José Manuel Cuenca, este martes elDiario.es avanza que el presidente popular ha otorgado también en dedo la reparación de una presa dañada por el paso de la DANA al empresario Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado por la trama Gürtel, que confesó la financiación ilegal de la 'caja B' del PP valenciano. Mazón ha adjudicado directamente un contrato de 3,9 millones de euros, a través de un procedimiento negociado sin publicidad, a la empresa Becsa SA. La adjudicación se ha realizado desde la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, en manos del popular Miguel Barrachina.
Contratos de reparación
El contrato para reparar la presa no es el único contrato de emergencia que se ha otorgado a Becsa. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, también ha adjudicado a esta compañía las obras del tramo Xest de la carretera CV-50. Sin embargo, se desconoce la cantidad de dinero de la adjudicación porque todavía no se ha publicado en la Plataforma de Contratación. El gobierno valenciano todavía tiene un mes de margen para hacer público el contrato. Aparte, de estas dos obras, a la misma empresa le ha llovido también los contratos de reparación de las carreteras gravemente dañadas por el paso de la DANA, en concreto de la demarcación de Bétera y Sierra, por un importe total de 1,5 millones de euros.
Carlos Mazón ya ha empezado a tomar las primeras decisiones con respecto a su gobierno, como la de destituir a la consellera de Turismo de València, Núria Montes, que ha estado muy criticada por la falta de tacto con las familias de los muertos por la DANA. Además, también ha empezado a repartir los contratos de emergencia, todos en dedo, tal como permite la normativa, después del desastre. Los primeros contratos que Mazón ha adjudicado han sido para empresas valencianas de renombre, como Becsa. Precisamente el accionista de la constructora, Gabriel Alberto Batalla Reigada, fue condenado el año 2018 por delito electoral y falsedad documental, después de haber llegado a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción por haber confesado los hechos y conseguir así una reducción de la pena en el caso Gürtel. Esta compañía también tiene un departamento que se dedica a las infraestructuras hidráulicas, y también apareció implicada al caso Fabra 2. El juez de la causa, en la cual el expresidente de Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es el principal procesado, descubrió que la constructora había abonado gastos de seguridad privada para el expolítico del PP una vez había abandonado los cargos institucionales.
El gobierno valenciano también ha adjudicado a esta empresa el contrato de emergencia para la reparación de la presa de Buseo, situada en el cauce del río Reatillo. Ante esta situación excepcional, el conseller Barrachina, el pasado domingo, 17 de noviembre, adjudicó a la empresa Typsa un contrato de emergencia por un importe de 700.000 euros para el servicio de asistencia técnica dedicada a la reposición de los elementos de seguridad y el estudio y medidas para garantizar la estabilidad de la presa.