Carlos Mazón y Pedro Sánchez han reaccionado tarde al desastre, que ya deja al menos 210 muertos y una cifra indefinida de desaparecidos —según los datos oficiales del sábado noche, aunque se filtró un documento que apuntaba a 1.900 personas desaparecidas—. El president valenciano ha comparecido el sábado por la tarde muchas horas después del previsto para pedir la implicación directa del gobierno estatal mediante la sumisión de ministros a consellers, mientras que el español lo ha hecho por la mañana para anunciar la plena disposición de su ejecutivo y el despliegue tanto de 5.000 militares como de 5.000 policías adicionales en el País Valencià —así como para descartar tomar el control de la situación mediante las herramientas legales de las que dispone—. Es decir, que las primeras muestras serias de coordinación entre administraciones han llegado... ¡después de 5 días!
Más allá de la reacción tardía, uno de los problemas —entre muchísimos otros— que crispan a los ciudadanos es la falta de información. A estas alturas, nadie cree que la cifra de muertos sea de 200. Una cifra que puede aumentar a medida que se revisen los coches acumulados en torno a localidades como Xiva, Paiporta o Alfafar, de las más golpeadas por la DANA; y también los garajes y parkings. En especial, crece el miedo por los muertos atrapados en Bonaire, el famoso centro comercial de la tragedia.
Información, rumores e indignación
Se han hecho virales las imágenes de los sótanos de Bonaire completamente anegados, que no invitan a pensar nada bueno. Ante la falta de información y el nerviosismo creciente, las redes sociales se han llenado de rumores que apuntan que los equipos de rescate que se han adentrado han quedado traumatizados delante del cementerio en el cual se ha convertido. Pero hasta el sábado por la noche todavía no habría bajado a nadie, ya que primero hay que vaciar un poco el agua para poder ver —este domingo sí que se han visto los primeros buzos y kayaks—. En cualquier caso, la cuestión es que las autoridades actualizan el balance de víctimas mortales muy poco a poco: el sábado por la mañana, Sánchez ha dicho que había al menos 211; por la noche, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha comunicado 210 solo en el País Valencià. Por su parte, en una media hora de discurso, Mazón no ha dado cifras. El día anterior, el viernes, el balance era bien similar: 207. La información al respecto se suministra con cuentagotas y de manera descoordinada.
La cosa no se acaba aquí. Bonaire ha estado en el centro de la polémica este sábado, después de que las autoridades enviaran voluntarios acumulados a la Ciutat de les Arts i las Ciències de València a limpiar. La orden ha indignado a las personas que querían ayudar, ya que su idea era dar una mano en las tareas de limpieza a los vecinos que lo necesitaran, no limpiar en tiendas de un centro comercial. Además, algunos voluntarios han denunciado que la organización les ha dejado abandonados en medio de la nada, después de días de impedimentos e indicaciones contradictorias por parte de la Generalitat Valenciana. La crispación con la gestión dudosa del voluntariado por parte de las autoridades valencianas ha culminado este sábado noche, cuando el CECOPI ha anunciado que se limitará el acceso a 11 municipios afectados —Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal y Beniparrell—, en una decisión de dudosa legalidad que coincide con la visita del rey Felipe VI. Una vez más, las teorías y los rumores no han tardado en surgir.
Mazón y Sánchez: ¿coordinación o batalla política?
Sea como sea, quien más sufre estos problemas de reacción tardía y de gestión de la ayuda (también con la polémica sobre los bomberos catalanes) son las localidades más afectadas, donde los vecinos están desesperados. En el caso de Alfafar, por ejemplo, el alcalde Juan Ramón Adsuara ha denunciado este sábado por la mañana a Catalunya Ràdio que todavía no había llegado ninguna autoridad para ayudarlos —solo voluntarios. En este municipio de la Horta Sud ya han reducido problemas como el de la comida, pero sí que sufren por la salubridad (el agua estancada es un foco de infección) y por bloqueo de las vías de comunicación.
Habrá que ver si las primeras muestras de coordinación entre administraciones consiguen aliviar la situación de localidades como Alfafar, pero es difícil ser optimista ante lo que parece una batalla política. Cada vez hay más voces que cuestionan el papel adoptado por Sánchez ante el desastre, que estaría dejando la Generalitat Valenciana a su suerte para desgastar el ayusismo. Pero el PP también ha convertido la gestión de la tragedia en un arma, atacando al Gobierno por no tomar las riendas —pese a que el Consell tiene competencias para pedirlo legalmente—. También cargan contra la Aemet y sus supuestos problemas con los avisos, aunque los expertos no dejan de señalar directamente a Mazón —que ha dicho que pidió la intervención del ejército el martes a las 15.00 horas: lo que sería un argumento para atacar al PSOE, al final se le gira en contra si tenemos en cuenta que la primera alerta de protección civil no llegó hasta las 20.12 horas—. En definitiva, un desbarajuste del cual tan solo se salvaría el ministro de Transportes, el polémico Óscar Puente, que ha informado todo el sábado de los avances en la recuperación de líneas de tren y en la apertura de carreteras. Todo apunta a que el president de la Generalitat caerá, pero intentará llevarse a los socialistas con él. Y, mientras tanto, todavía hay coches, túneles, sótanos, garajes y parkings sin revisar.