Los menores de edad condenados por ser autores de un abuso o agresión sexual en Catalunya escogieron a una persona de su entorno próximo como víctima: 8 de cada 10 chicas eran conocidas. En concreto, el 53% eran de su entorno social y comunitario; el 19% del entorno familiar, y en un 11,4% habían tenido una relación sexual consentida anteriormente. Así lo indica el estudio Los delitos contra la libertad sexual en Justicia Juvenil, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, y que se presentará en una jornada que el Departament de Justicia organiza en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, este miércoles. En la sesión formativa, también se presentarán nuevos materiales y propuestas de educación sexual e igualdad para los profesionales que atienden a estos chicos infractores.
Las denuncias contra la libertad sexual de las personas va en aumento año tras año, tanto en adultos como en jóvenes, ante una mayor sensibilización social, aunque no son los principales delitos en las prisiones catalanas y en los centros de internamiento de menores. Actualmente, hay 2.326 menores infractores que cumplen una medida educativa en Catalunya. De este total, hay unos 200 menores condenados por delitos contra la libertad sexuales, de los cuales unos 20 en centros cerrados, medida que se usa para los delitos más graves. Paralelamente, de las 1.997 personas que han denunciado haber sufrido violencia sexual en el ámbito comunitario el primer semestre de este año, 698 son menores de edad, según la estadística de los Mossos de Esquadra. Y de los 600 agresores denunciados en este período, 153 son menores.
La mayoría, de nacionalidad española
En esta nueva investigación se radiografía a 396 menores (93 cerrados en centros) que tenían una medida educativa en el 2022, es decir, con un castigo validado judicialmente. Se indica que el 70% de los agresores tenían de entre 14 a 15 años en el momento de cometer el delito, mientras que el 29,2% tenían de entre 16 a 17 años. Con respecto a su nacionalidad, el 70% son españoles, seguidos por chicos de centro y sudamericano y magrebíes.
Gran parte son infractores primarios. Del total de 493 delitos sexuales, la mayoría son por abuso y agresión sexual a menor de 16 años (168), seguido por abusos sexuales (158 casos) y agresión sexual (122). Los investigadores también destacan que casi uno de cada cinco delitos contra la libertad es en grupo: 81% solo y 17% en grupo.
Con respecto a las víctimas, la mayoría fueron chicas y tienen de 14 a 16 años. No obstante, los investigadores alertan de que un 37% son menores de 13 años: un 21% de 10 a 13 años y un 12% de 6 a 9 años.
La Ley 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, califica todas las acciones de agresión sexual y entre los cambios más significativos es la inclusión de una definición de consentimiento sexual, en la cual se fija como requisito esencial la necesidad de expresar la voluntad, recuerdan los autores. Así, la agresión sexual abarca "una variedad de comportamientos que varían en gravedad, como pueden ser la coacción sexual, la violación, los tocamientos, el abuso o el voyeurismo."
Agresores que han sufrido violencia
En la investigación también se han analizado parámetros de riesgo de estos jóvenes, de los cuales se ha ampliado la muestra a 767 jóvenes de 14 a 17 años encausados por un delito contra la libertad sexuales entre los años 2018 y 2022. Los investigadores afirman que haber sufrido abusos sexuales con anterioridad, consumir abusivamente alcohol y otras drogas, haberse autolesionado y consumir de forma excesiva o temprana pornografía son factores de riesgo para cometer delitos contra la libertad sexual. Se asegura que 1 de cada 3 de los agresores habían sufrido al menos 1 experiencia infantil adversa, como una exposición a violencia intrafamiliar. Son menores con poca autoestima, falta de relaciones, y que repiten lo que han sufrido. No obstante, también hay agresores que están en entornos normalizados y con familias estructuradas, que sorprenden con esta conducta. Es decir, no hay un perfil claro de joven agresor sexual.
También exponen que la justicia es lenta y que la medida educativa llega 6 o 18 meses tarde a 2 de cada 3 encausados, hecho que "dificulta su capacidad correctora".Y, precisan que "la gran mayoría de agresiones parece que no se las pueden atribuir a la presencia de un trastorno mental grave".
Machismo y sin tener claro el consentimiento
Los investigadores también han entrevistado a profesionales que intervienen en diferentes equipos de tratamiento de Justicia Juvenil en todo el territorio de Catalunya, los cuales consideran que "muchos casos se dan a consecuencia del machismo". Ponen el caso de chicos que ya conocían a la chica antes o que incluso eran pareja y en qué predomina la visión de la chica "como objeto que satisface los deseos sexuales".
Además, se destaca que en buena parte de menores sin experiencia infantil adversa hay poca conciencia de delito por parte del menor (53%) o de los progenitores (42,3%), y uno de los motivos que se apunta es la sobreprotección parental (20%).
El estudio sostiene que todos los profesionales consultados coinciden en el hecho de que la mayor parte de las agresiones sexuales que reciben tratan sobre el tema del consentimiento. Y que necesitan nuevos materiales para trabajarlo con los jóvenes considerados con una conducta normalizada. Precisan que una de las situaciones que se encuentran con más frecuencia va ligada a un consentimiento difuso y difícil de explorar porque los jóvenes no saben si ha habido un consentimiento previo o no. En muchos casos, indican que "las agresiones sexuales se han dado entre compañeros de escuela de familias estructuradas o entornos estructurados, y la mayoría de los chicos interpretan que no ha habido ningún tipo de agresión sexual por parte suyo".
Además de renovar guías y hacer un tratamiento más esmerado, los autores del informe concluyen que una mayor y más específica educación sexual afectiva en los centros de educación -sin olvidar temas tan importantes como el consumo de pornografía o el creciente acoso en las redes sociales- tiene que significar un descenso de los delitos sexuales.
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