Metges de Catalunya ha denunciado la opacidad del Departament de Salut a la hora de dar a conocer la información relativa a la actividad privada que se desarrolla en centros públicos. El sindicato envió el pasado 12 de junio una petición a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria, organismo dependiente de Salut, en que solicitaba información sobre qué centros del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (SISCAT) además de la actividad pública, ofrecen servicios privados, y en qué condiciones. Un mes y medio después, aquella petición no ha sido respondida, y es por eso que el sindicato ha decidido elevarla a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP). El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, explica en declaraciones a ElNacional.cat que decidieron hacer esta petición después de observar un aumento de la demanda de asistencia privada en centros concertados con el Servei Català de la Salut (CatSalut). "Cada vez más observamos casos en que esta actividad se intercala en medio de la actividad pública, hecho que quiere decir que se está desplazando actividad pública para hacer privada," explica.
Metges de Catalunya: "No nos parece ético que haya distinción de trato en un hospital público"
En la petición, remitida a la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Clara Pareja, el sindicato médico hizo tres solicitudes. En primer lugar, preguntó qué centros adscritos al SISCAT tienen capacidad para llevar a cabo actividad privada, y con qué criterio se escogen estos centros. En segundo lugar, qué mecanismos se utilizan para diferenciar esta actividad de la pública, y finalmente, cómo se regula la actividad de los profesionales que prestan servicios en estos centros para que sea conforme a la legislación laboral y la normativa de incompatibilidades. "No tenemos ningún inconveniente con que los profesionales de este país den salida a la necesidad de actividad concertada con mutuas, lo que no nos parece ético es que en un hospital de la red pública, si una persona tiene una mutua, tarde en operarse dos semanas, y si no, tarde seis meses", señala Lleonart, que subraya que lo que quieren es que esta actividad esté "perfectamente regulada" y que "no haya distinción de trato" entre pacientes en función de su capacidad económica.
Los centros donde presuntamente se da esta doble asistencia son aquellos que, aunque no forman parte del Institut Català de la Salut (ICS), son de titularidad pública, ya que son consorcios o empresas públicas participadas por la Generalitat y ayuntamientos. El sindicato reconoce que no hay una normativa que regule la actividad privada en estos centros y que esta asistencia se desarrolla dentro de una "alegalidad". Sin embargo, el objetivo de su petición es "clarificar a dónde se destinan los impuestos de la ciudadanía y si la actividad privada es parasitaria de los recursos públicos". Con respecto a esta cuestión, expone que aunque el presupuesto de CatSalut no se destine directamente a esta asistencia, puede haber "irregularidades", como el hecho de que el personal contratado con dinero público dedique una parte de la jornada a la actividad privada. "Queremos transparencia", puntualiza. Una vez pedido el amparo al GAIP, permanecerán a la espera de saber qué dictamina la comisión y si obliga Salud a hacer pública esta información.