El 68,6% de los catalanes cree que los pisos y viviendas de alquiler son caros o muy caros y el 65,2% que están subiendo. En este escenario, el 53,2% opta para que las autoridades limiten por ley el precio de los alquileres para proteger el derecho a la vivienda, según indica el barómetro del CIS de junio.

Más de la mitad de los encuestados, el 51,5%, piensa que la mejor solución para eso es construir viviendas sociales para las personas con pocos recursos económicos. Además, el 48,9% opta por préstamos baratos para comprar vivienda y el 45,9% por fomentar la construcción con precios asequibles para la clase media. Un 40,2%, además, es partidario de la construcción de fondos públicos de parques de vivienda para personas con pocos recursos.

De hecho, hay una posición casi unánime sobre la necesidad de defender el derecho a la vivienda digna desde las instituciones. El 92,6% reivindica que el gobierno español debe proteger de forma activa este derecho de los ciudadanos.

Del sondeo también se desprende que el 89,3% de los catalanes cree que las administraciones públicas tienen que adoptar iniciativas sobre este tema. De los que piensan que se tienen que tomar medidas para la rehabilitación, el 53,3% cree que la mejor opción es ofrecer ayudas a los arrendatarios para pagar parte de las obras y el 42,3% pide que se facilite mediante créditos económicos y el 3,2% reclama desgravaciones fiscales.

Comprar más que alquilar

El CIS revela que los catalanes prefieren actualmente comprar vivienda más que alquilar. Concretamente, el 66,1% reconoce que esta es la mejor opción para ahorrar para un futuro y el 32,2% considera que hay mejores inversiones que la compra de una vivienda.

A pesar de esta preferencia, sólo el 6% de los catalanes tiene previsto hacer una compra de vivienda en los próximos 12 meses. El motivo principal para no dar el paso: "no tengo dinero suficiente", responde el 68,9% de los encuestados. Otros argumentos son la voluntad de "tener libertad de movimientos" (17,2%) y la poca predisposición a hipotecarse (18,9%).

Segundos se desprende del barómetro, el 42,9% de los encuestados vive en una vivienda propia, totalmente pagada, mientras que el 24% lo hace en una adquirida con hipoteca pendiente, y el 20,9% en una alquilada en precio de mercado. Sólo un 1% tiene una residencia que le ha sido cedida gratuitamente.

Confrontación por los okupas

Un tema polémico que se ha preguntado en el CIS es sobre cómo se tiene que gestionar la okupación ilegal de la vivienda. En el apartado socioeconómico que refleja el barómetro podemos ver dos opiniones confrontadas. Un 34,4% de los catalanes prefiere que se dé soluciones habitacionales alternativas a los okupas, mientras que, sólo unas décimas por encima, un 34,9%, se decanta por expulsar inmediatamente a los okupas.

Un 23,5% de los catalanes escoge una solución intermedia, dialogar con los ocupas para encontrar soluciones.

Ahora bien, cuando la vivienda que se ha okupado es propiedad de alguien, la respuesta es mayoritaria. Un 52,3% se muestra convencido que desalojar a los okupas es la solución. Otro 25,1% dice que se los tiene que desalojar en un plazo máximo de 48 horas después de ser denunciados.

El decreto de limitación del precio del alquiler, bloqueado

El pleno del Parlament tumbó el decreto sobre la limitación del precio del alquiler en Catalunya propuesta por el Govern hace una semana. Su esperanza eran los comunes y la CUP, pero los dos partidos les dieron la espalda porque no lo encontraban insuficiente.

En los últimos cinco años el precio medio del alquiler en Catalunya ha crecido un 29% y la media se sitúa a los 698€, 160€ más que el año 2013. En el caso de Barcelona, la situación es más grave, el aumento se dispara al 40%, 270€ por encima que hace cinco años, el precio medio por un piso de 72 metros cuadrados es de 949€.