Una moderadora de contenidos en redes sociales, que incluye también material de violencia extrema y que trabaja a las órdenes de la empresa CCC Barcelona Digital Services (del grupo multinacional canadiense Telus International), ha llevado la compañía a juicio por vulneración de derechos fundamentales por acoso laboral. El juicio por los hechos denunciados por la moderadora, que tiene otra causa abierta contra la empresa por discriminación salarial por razones lingüísticas y que actualmente está de baja por depresión, se ha celebrado este jueves en el Juzgado Social número 29 de la Ciutat de la Justícia.
En su demanda, la moderadora denuncia el impacto que ha tenido sobre su salud mental la moderación de contenidos extremadamente violentos, que son retirados de las redes sociales para las cuales la empresa trabaja. Estas imágenes incluyen violencia, pedofilia y pornografía: según consta en la demanda, desde degollamientos a decapitaciones, muertos violentas como pueden ser personas quemadas vivas, accidentes mortales, amputaciones, asesinatos, abusos sexuales y contra animales o electrocuciones. Las imágenes tienen que ser examinadas detalladamente por los moderadores para justificar su eliminación teniendo en cuenta las políticas de las plataformas.
Una tarea bajo presión máxima
Esta tarea se hace bajo unas condiciones de presión máxima, con unas condiciones muy concretas de productividad y rapidez. En julio del 2022 a la moderadora se le asignó un auditor que controlaba su trabajo y aquí, según la denunciante, empezaron los problemas. El auditor adoptó un trato hostil con la moderadora, "con acosos cada día, descrédito continuo del trabajo", algo que le suponía perder puntos. El acoso también se habría producido a través de canales internos de la empresa, en sistemas de comunicación bajo control de la compañía. La mujer asegura haber alertado a la empresa sobre la situación, de la cual estarían al corriente personas de la sección sindical de UGT y el jefe superior de su proyecto, que le habría informado de que su caso se había canalizado a través del comité de salud laboral de la empresa.
La mujer sostiene que a causa de toda esta situación fue diagnosticada de un síndrome ansioso depresivo, migraña, contractura paravertebral cervical severa y dolores musculares. Este cuadro le obliga a recibir una atención médica regular, atención psicológica y tratamiento farmacológico. Estando de baja, la denunciante ha recibido citaciones continuas de una empresa que hace control del absentismo laboral para la empresa denunciada. Según la defensa de la empresa, este seguimiento es legal y ha sido acordado con el comité de empresa teniendo en cuenta el elevado volumen de trabajadores que están en situación de baja. La denunciante reclama a la empresa más de 37.000 euros por los perjuicios causados y daños morales a causa del acoso que ha denunciado.
La versión de la defensa
Durante el juicio, la defensa ha negado los hechos y ha alegado que la compañía no disponía de la información sobre el presunto caso de acoso laboral. Aunque la denunciante ha aportado capturas de mensajes a WhatsApp con conversaciones con el auditor, la defensa ha considerado que las pruebas no eran válidas porque los mensajes no estaban protocolizados ante notario. La defensa también ha rechazado un informe sobre la salud mental de la denunciante, elaborado por el Servei de Salut i Treball la Agència de Salut Pública de Barcelona, cuestionando la metodología, porque se basa únicamente en el relato de la moderadora. Las conclusiones del informe, en el cual ha tenido acceso ElNacional.cat, exponen que la moderadora estuvo expuesta en la empresa a una "falta de apoyo social, tanto emocional como instrumental" por parte de su superior y que los hechos que relata la mujer "pueden considerarse factores causales del trastorno ansioso depresivo" que ha motivado su baja. El informe recomienda reconocer su enfermedad como "una contingencia profesional".
La defensa de la compañía también ha negado que los moderadores ocupen la mayor parte del tiempo a moderar contenido altamente sensible y sobre el acoso ha asegurado que hubo inspecciones de trabajo que no han llegado a la conclusión que se produjera. También ha señalado que la denunciante no hizo llegar la denuncia por la vía correcta. Asimismo, ha asegurado que la compañía tiene un plan de prevención de riesgos psicosociales que atiende las necesidades en salud mental de los trabajadores. Con todo, la compañía no ha aportado la documentación que la denunciante había reclamado con el contenido de los canales internos de comunicación por donde ella y el auditor se comunicaban. El letrado que representada la moderadora, Enrique Leiva del despacho Abógalo, ha pedido suspender el juicio hasta que no se aporte esta documentación, pero la jueza se ha negado, alegando que, en todo caso, este hecho puede tener consecuencias posteriores que ella puede decidir. El juicio ha quedado visto para sentencia.
"A los moderadores se les dice que son héroes"
En las puertas de los juzgados, una vez ha concluido el juicio, la moderadora ha explicado a ElNacional.cat que el plan de prevención de riesgos psicosociales que asegura tener establecido la empresa no es eficiente. Según su relato, la violencia se acaba normalizando y a los moderadores se les dice que "son héroes" que "están haciendo del mundo un lugar mejor" eliminando un contenido violento y pernicioso. Los trabajadores pueden ser atendidos si necesitan hablar, sin embargo, según explica, acto seguido tienen que volver a su puesto de trabajo y seguir visualizando bajo presión el material conflictivo para cumplir los objetivos de productividad.