Ha costado Dios y ayuda, por las diferencias internas de La Moncloa, pero finalmente ha sido posible. Y lo ha sido en plena celebración del Orgullo. Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Trans y LGBTI. Aparte de sanciones para los casos de discriminación, la nueva norma también contemplará la libre autodeterminación de género, el principal obstáculo en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. De esta manera, se podrá acudir al registro civil para cambiar de género en cuatro meses sólo con una declaración. Ya no serán necesarios informes médicos ni intervención de ningún testigo, como pasaba hasta ahora.

En rueda de prensa después del Consejo de Ministros, Irene Montero se ha felicitado porque "estamos en un día histórico" quince años después de la aprobación del matrimonio igualitario. Ha asegurado que esta norma "garantizará la igualdad real y efectiva de las personas trans y una batería de derechos para las personas LGBTI". Ha defendido que esta ley colocará a España "a la vanguardia de Europa". Ha tenido un agradecimiento "sincero y honesto" hacia todo el gobierno y sobre todo hacia el Ministerio de Justicia, con el que se ha negociado. Y ha rebatido algunas críticas del movimiento feminista: "Es una ley feminista. O llegamos todas, o no llega ninguno".

 

La ley llega al Congreso después de un año de intenso debate entre Unidas Podemos, partidario de la autodeterminación de género, y una parte del PSOE, que se había mostrado reticente argumentando que peligraban los derechos de las mujeres. La misma división que existe dentro del movimiento feminista. Finalmente la ministra Irene Montero se ha salido con la suya y ha sido incorporada. También el independentismo había apostado por esta incorporación, llegando a presentar su propia ley trans ante el bloqueo de La Moncloa.

¿Qué contempla la nueva norma en este sentido? Elimina los requisitos para cambiar de género. Lo podrán hacer todos los mayores de 16 años. Primero lo solicitarán y, al cabo de tres meses, serán citados para ratificar su solicitud. Este cambio de género se oficializará al cabo de un mes, y se podrá revertir en un plazo de seis meses. Pasados estos seis meses, hará falta la intervención de un juez.

En las personas entre los 14 y los 16 años, los padres tendrán que acompañar a los hijos en el trámite. En caso de disputa, decidirá un juez. Y de los 12 a los 14, se decidirá directamente por vía judicial. Los menores de 12 años podrán cambiar el nombre sin necesidad de testigos.

Así, el anteproyecto de ley deja de considerar la transexualidad una patología. En estos momentos, la legislación vigente obliga a estas personas a hacer un proceso de hormonación dos años antes de solicitar el cambio de género. Este requisito desaparecerá si la nueva normativa es aprobada.

Terapias de "reconversión"

La nueva norma busca un enfoque más global del colectivo LGBTI. Entre otras cosas, el anteproyecto prohíbe expresamente las "terapias de reconversión" que persigan modificar la orientación sexual de una persona, incluso en caso de que hubiera consentimiento de esta. De la misma manera, el texto vuelve a dar a las mujeres homosexuales el derecho a la reproducción asistida dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud. También establece que las parejas de madres lesbianas o bisexuales y sin pareja pueden tener la consideración de madres biológicas ante la administración independientemente del hecho de que estén casadas. Finalmente, también amplía los derechos de las personas intersexuales, que nacen con órganos de los dos sexos. Tienen derecho a no ser mutiladas al nacer y también recopilación que los padres no las tengan que inscribir en uno de los dos géneros.

La nueva ley LGBTI contempla un régimen sancionador para los actos de discriminación contra personas del colectivo. Estas multas van de los 200 a los 2.000 euros para las vejaciones por razón sexual y entre los 2.000 y los 10.000 euros por cláusulas discriminatorias en contratos. En el caso de faltas muy graves, como negar un puesto de trabajo o el alquiler de un piso, estas podrían llegar hasta los 150.000 euros.