Los catalanes dejarán de pagar este miércoles los peajes de la AP-7, el AP-2, la C-32 norte y la C-33, pero volverán a pagar a partir del 2024 por la voluntad de la Unión Europea. La cuestión es que todavía no se sabe cómo, ya que el Gobierno todavía no ha definido el modelo de pago y sigue vendiendo humo al respecto.

La ministra española de Transportes, la catalana Raquel Sánchez, ha expresado su deseo de "disponer de las herramientas adecuadas" para aplicar los designios de Bruselas, el modelo conocido como 'quien contamina, paga'. "El Gobierno ve necesario abordar el debate sobre el futuro de la red vial, dentro del marco de la Estrategia de Movilidad Sostenible de la Unión Europea", ha añadido en una tribuna publicada este domingo en La Vanguardia.

Puigneró, crispado

Sánchez insiste en el hecho de que se quiere alcanzar "un sistema justo para|por los ciudadanos y equilibrados por los territorios", pero no aclara nada respecto de este sistema. En un texto lo bastante largo, de una docena de párrafos y más de 4.400 caracteres, la ministra no ha ofrecido ningún detalle sobre el futuro modelo pago.

Sólo ha dicho que "se analizará la viabilidad de las opciones para establecer el nuevo mecanismo de financiación de nuestro patrimonio vial|viario, basado en los principios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental." ¿Cuáles son estas opciones? No lo sabemos. Un tema que crispa al vicepresident del Govern y conseller de Territori, Jordi Puigneró, que esta semana en un encuentro con los medios ha criticado la falta de propuestas del estado español: "No sabemos qué modelo quiere".

 

A la espera de España

A Puigneró le gusta la idea de la viñeta, que se puede adaptar correctamente al modelo europeo por el cual paga quien usa la carretera y quien más contamina. "La Generalitat está dispuesta a poner la viñeta sobre la mesa", así como otras "soluciones tecnológicas" que se puedan alinear con la idea de la UE.

Pero de momento hay que esperar, porque el Govern no quiere que haya dos sistemas de pago diferentes al territorio. De aquí que el vicepresident tenga prisa para saber cuál es la propuesta del ejecutivo español, para empezar a trabajar en el futuro sistema de tarifación viaria. Mientras tanto, los catalanes no pagarán para utilizar ni la C-32 norte ni la C-33, cuyo mantenimiento se financiará mediante los presupuestos de la Generalitat.

La reunión de la comisión bilateral / Efe

Ante la ausencia de propuestas por parte del Gobierno, Puigneró tiene bien claro que la mejor solución sería conseguir el traspaso de la gestión de las vías de alta capacidad españolas, como la AP-7 y la AP-2. Es una cuestión que ya trasladó a la ministra Sánchez durante la reunión de la comisión bilateral y para la cual el conseller de Territori tampoco ha conseguido respuesta.

El vicepresident tiene dudas sobre si conseguirá o no el traspaso. Es optimista con respecto a la posición de Sánchez, ya que "es sensible a estas cuestiones" porque es catalana, fue alcaldesa de Gavà y conoce bien el país. Pero el problema aquí es el Gobierno: "Otra cosa es si el Estado le deja hacer".

 

Imagen principal: Vehículos accediendo al peaje del AP-2 de Vila-Rodona / ACN