Un militante de Vox cercano al entorno del francotirador fue quien dio la alerta de la "voluntad manifiesta" de atentar contra Pedro Sánchez. El detenido ―para quien la Audiencia de Barcelona ha decretado prisión provisional― aseguraba a través de las redes sociales que "tenía los medios" para llevar a cabo el ataque y que sólo necesitaba ayuda en el "apoyo logístico", según ha explicado este jueves el portavoz de los Mossos d'Esquadra, el inspector Albert Oliva, en una rueda de prensa en la comisaría de Les Corts.
La Audiencia de Barcelona ha confirmado la prisión provisional para el tirador dictada por el juzgado de instrucción 3 de Terrassa, el pasado 4 de octubre, desestimando así el recurso de apelación presentado, donde se pedía la libertad también provisional del acusado alegando que las manifestaciones del hombre se tenían que contextualizar dentro de "la problemática política de Catalunya". La demanda también añadía que tanto la madre como la hermana necesitan cuidados, ya que padecen una demencia senil la primera y esquizofrenia la segunda.
La causa continua abierta por los delitos de conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, delito de amenazas graves, delito de tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos y un delito de odio.
La policía detuvo al tirador el pasado 19 de septiembre en su vehículo, cerca del domicilio. El hombre, un vecino de Terrassa de 63 años, actuaba de forma individual y no pertenecía a ningún colectivo de ultraderecha. Un militante de Vox cercano al entorno del arrestado fue quien puso la denuncia, al detectar reiteradas manifestaciones ―mensajes y notas de voz― de la voluntad de perpetrar un ataque contra Sánchez en un grupo de Whatsapp de acceso restringido.
En el registro del domicilio del hombre, los agentes decomisaron 16 armas, algunas de las cuales estaban "modificadas". El tirador tenía permiso de armas en uso recreativo y también tenía el permiso C de posesión, debido a que trabajaba como vigilante de seguridad. Sin embargo, el hombre tenía armas consideradas "prohibidas", o bien porque no tenía licencia o bien porque habían sido modificadas.
El juzgado de guardia de Terrassa que lleva el caso fue quien decidió no traspasar las diligencias al la Audiencia Nacional, ya que según el tribunal no se trataba de un presunto delito de tentativa terrorismo sino de proposición de homicidio con el agravante de autoridad.
Los Mossos mantuvieron comunicar directamente a la Moncloa las intenciones del francotirador de atentar contra Sánchez.