Los Mossos siguen dando pasos en la línea de ocupar todos los espacios de Catalunya y aplicar todas las competencias de policía nacional e integral; algunas, que siguen siendo negadas y protegidas por el Estado con la Guardia Civil y la Policía Nacional. A falta de atarlo con un acuerdo político que reconozca estas competencias que ya prevé la ley, los Mossos han hecho la puesta de largo de una gran comisaría en la zona del aeropuerto del Prat que servirá de base de operaciones de la policía catalana en toda la zona de influencia de este importante equipamiento que sirve de puerta de entrada de millones de turistas y de millones de kilos de mercancías cada año. El acuerdo está por firmar y de ahí que los Mossos den pasos para irse dotando de capacidad operativa en la zona para cuando el documento ya sea rubricado y oficial. El gobierno vasco, por su parte, ya lo tiene firmado con Marlaska, en una reunión que se ha firmado hoy en la reunión de una Junta de Seguridad.
Este miércoles el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, el director general de la Policía, Pere Ferrer, el comisario en jefe, Eduard Sallent, y otros mandos regionales y de especialidades del cuerpo policial, han visitado la comisaría de más de 4.000 metros cuadrados que ya está en marcha y que servirá para acoger el Área Regional de Seguridad Aeroportuaria, el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y la Unidad Técnica de Seguridad Aérea, dependiente de medios aéreos. El espacio también acogerá en las próximas semanas el Área TEDAX y la Unidad Canina. Este despliegue, al lado de una infraestructura de máxima importancia para la policía catalana, no es casual. Es un paso más para ganar fuerza operativa y capacidad de reacción cuando se firme el acuerdo, ya embastado, que reconocerá que los Mossos son la policía integral y que, por tanto, tienen todas las competencias, también en la zona aérea, una zona que, por la falta de acuerdo político, actualmente controla la Guardia Civil.
Policía de referencia, desplazando a la Guardia Civil
Los Mossos d'Esquadra serán la policía de referencia, como titular de la seguridad ciudadana y el orden público, en todo el espacio aeroportuario, también en los otros aeropuertos del país, Reus, Alguaire y Girona. Ahora esta competencia la ejecuta la Guardia Civil desde después de los controles de pasajeros y cuando el acuerdo sea firme pasará a ser de los Mossos d'Esquadra. Las competencias exclusivas de la Guardia Civil, la vigilancia aduanera, y de la Policía Nacional, con el control de extranjería, no serán transferidas, y seguirán siendo ejecutadas por los dos cuerpos policiales españoles.
La inauguración de esta nueva comisaría, que no es un espacio para recibir denuncias ni está abierta al público, sirve de zona logística donde tendrán la base estas unidades concretas, las que más servicios hacen en el aeropuerto y en la zona de influencia. Desde este espacio sí que se podrán controlar todas las cámaras de seguridad del aeropuerto y de los alrededores y también la cúpula de hierro anti-drones que los Mossos tienen en funcionamiento sobre el espacio del aeropuerto del Prat.
"Se dobla el número de efectivos y se concentran en un edificio, que se encuentra en un entorno que da una facilidad de acceso más elevada", ha añadido el comisario en jefe de los Mossos, Eduard Sallent, poniendo de relieve la proximidad con vías rápidas para moverse con mayor agilidad a través de la región metropolitana sur. "El aeropuerto es una infraestructura estratégica para el país desde el punto de vista de viajeros y de desarrollo económico y hay que trabajar con un sistema de refuerzo de horas para que haya más capacidad de trabajo", ha asegurado el comisario en jefe. Sallent ha afirmado también que para dar respuesta a las necesidades de crecimiento de demanda del aeropuerto en los meses de verano, "durante la segunda quincena de agosto se incorporarán 27 efectivos más de los Mossos d'Esquadra para reforzar el grupo de seguridad destinado a prevenir el delito en el exterior".
Mossos, en todas partes
Cuando el acuerdo entre el departamento de Interior y la Dirección General de la Policía con el Ministerio del Interior sea firme, será la policía catalana quien asumirá las investigaciones y hará de policía judicial en todo el entorno del aeropuerto, también en la zona aérea y pistas, según las competencias habituales. Cualquier hecho penal -crímenes, drogas o terrorismo, por ejemplo- que pueda pasar en la zona de embarque o en las pistas, será investigado por la policía catalana, y será el cuerpo de referencia judicial. En el caso del orden público, el sistema será idéntico. Eventuales disturbios en la zona de pistas serán responsabilidad de los Mossos d'Esquadra y de las dos unidades de intervención de la policía catalana, ARRO -que tendrá base en el aeropuerto- y la Brigada Móvil.
Si bien técnicamente no se alcanza ninguna competencia nueva, sino que se reconocen competencias que hasta ahora estaban segrestadas por la Guardia Civil, el pacto pendiente entre el departamento y el ministerio, que se podrá firmar dentro de poco tiempo, ya preacordado entre las partes, ha generado malestar en el Instituto Armado, que ya han puesto el grito en el cielo. La Guardia Civil, de momento, mantendrá el control de las fronteras y la Policía Nacional el control de la inmigración ilegal. Que el acuerdo va adelante, aseguran fuentes de Interior, es que AENA, que gestiona el aeropuerto, ya ha cedido este gran espacio -tres sectores conectados entre sí que forman una gran nave con espacios de trabajo, lavabos, vestuarios, espacios para archivo y una sala técnica, así como almacenes y parkings- a los Mossos d'Esquadra para este futuro despliegue total de la policía catalana en el aeropuerto del Prat.
El País Vasco ya lo tiene firmado
Hoy se ha conocido que el Ministerio del Interior, a diferencia de Cataluña, ya ha aceptado oficialmente y ha firmado el acuerdo con el gobierno vasco para hacer efectivo este control de los aeropuertos y de los puertos por parte de la Ertzaintza, un hecho que todavía no se ha reconocido con los Mossos d'Esquadra. La Junta de Seguridad, presidida por Marlaska, el ministro español, se ha reunido este miércoles con el conseller vasco Zupiria y se ha hecho oficial el acuerdo. En Cataluña el acuerdo deberá esperar a tener nuevo presidente y nuevo gobierno. La Dirección General de la Policía y el ministerio lo pactaron y debía rubricarse en una Junta de Seguridad que saltó por los aires con la convocatoria electoral forzada por el presidente Pere Aragonès a principios de 2023 cuando fue incapaz de aprobar los presupuestos.