Sindicatos de Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana y Policías Locales han convocado para mañana una manifestación por la defensa de la seguridad pública. Los sindicatos empezaron hace semanas una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios de ERC y JxCat y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. La previsión era reunirse también con el president Pere Aragonès, pero todavía no tienen fecha. Los sindicatos remarcan que ni siquiera han obtenido respuesta a la carta dirigida al president de la Generalitat donde le pedían el encuentro.
"A los colectivos profesionales a los que representamos no les gustaría tener la sensación de que el mando supremo del cuerpo de Mossos de Esquadra y primera autoridad de Catalunya da la espalda a la situación que viene sufriendo el servicio de seguridad pública", dicen los sindicatos en un comunicado. Insisten en que "merecen poder trasladar al president de la Generalitat la gravedad por la cual pasa el servicio de seguridad pública; merecen poder trasladar al president de la Generalitat el cansancio sufrido por la constante instrumentalización política y merecen poder trasladarle la necesidad urgente de dejar los cuerpos policiales fuera de la confrontación política". "De no producirse esta reunión, las organizaciones convocantes de la manifestación del próximo 23 de octubre creemos que se estará enviando a nuestros respectivos colectivos un mensaje claro: la crisis de seguridad no es una cuestión de primer orden para nuestro president", concluyen.
La comisión presidida por la CUP es la que tiene el encargo de trabajar durante un año con el modelo policial y de orden público. Entre las respuestas a encontrar hay qué hacer con los proyectiles de foam. En la última comisión parlamentaria se acabaron prohibiendo las pelotas de goma. El acuerdo determinaba que se buscara un sustituto. Pero hasta ahora no se ha implementado ninguna otra herramienta. El foam llegó a los Mossos con Felip Puig como un arma de precisión para disparar en las cargas antes que las pelotas. Se intentó utilizar el cañón de agua, un modelo antiguo y obsoleto. El "botijo" solo se ha utilizado en las cargas para disolver las manifestaciones postsentencia en los dispositivos conjuntos con la policía española.
Pero la vía política empezada por Elena con respecto al modelo de orden público no se ve clara por parte de los sindicatos, que ven venir una nueva manera de proceder marcada por la CUP. La decisión de dar a Dolors Sabater, de la CUP, la presidencia de la comisión del Parlament que tiene que decidir el futuro de las políticas públicas de seguridad ha crispado todavía más a los sindicatos, los cuales, en un comunicado, han criticado el acuerdo, que atribuyen, además, a la necesidad de tejer alianzas para aprobar los presupuestos: "Todo indica que la seguridad pública de Catalunya se pondrá en manos de aquellos que miden la democracia en función de los contenedores quemados y los policías heridos de una minoría violenta". Lo que sí que le reconocen los sindicatos al conseller es la negociación para "una salida consensuada a la crisis de seguridad pública que desde hace demasiado tiempo vamos sufriendo".
Los precedentes
El eterno debate sobre el modelo de seguridad pública vuelve a estar sobre la mesa, si es que nunca se había ido. La última manifestación unitaria de todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra fue durante el mandato de Joan Saura el 2007. 4.000 mossos salieron a la calle para pedir la dimisión de Saura. Las políticas del conseller de IC-V irritaron a los sindicatos, que salieron a la calle en una acción sin precedentes. En aquel momento, las cámaras instaladas en la comisaría de Les Corts que detectaron como algunos agentes se sobrepasaban con los detenidos fue el detonante. En aquel momento los sindicatos hacían responsable a la cúpula política de Interior del descrédito en el cual había caído el cuerpo.
Ahora hace 4 años, el 17 de enero del 2017, la policía volvió a salir a la calle. Varios sindicatos de diferentes cuerpos de seguridad se manifestaron reclamando "protección institucional". La convocatoria, denunciada públicamente por la CUP alegando que iba contra su formación política, reclamaba seis puntos que van desde la protección jurídica hasta obtener más medios, como las pistolas Taser o los chalecos. La manifestación, sin precedentes y con solo el ejemplo del 2007, cuando 4.000 mossos d'esquadra salieron a la calle para pedir la dimisión del entonces conseller de Interior, Joan Saura, fue convocada por la Plataforma Profesional de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera.
Pero lo cierto es que el debate sobre la seguridad pública y, básicamente, la gestión del orden público, no se ha marchado nunca ni de la primera línea de la actualidad ni de la mesa del conseller de turno. Joan Ignasi Elena encara el momento sin hacer mucho ruido y depositando toda la confianza en la comisión del Parlament, que anunció ya el primer día desde su toma de posesión.