Inspecció de Treball de la Generalitat ha sancionado a la empresa de reparto a domicilio Glovo con una multa de 30.001 euros por discriminación en el acceso a trabajar para ellos, tal como ha avanzado este martes Catalunya Ràdio, ya que pedían en las entrevistas de trabajo con un cuestionario aspectos personales como la orientación sexual, la identidad de género o la etnia a la cual se pertenece. Treball inició una investigación en octubre y, desestimados los argumentos de la empresa, concluye que se ha incurrido en una infracción "muy grave" porque estos aspectos de la vida íntima de los trabajadores tienen que quedar fuera de las relaciones laborales y no sería legal que se pudiera llegar a filtrar a través de ellos para seleccionar a un candidato.
El formulario que hace Glovo para seleccionar trabajadores se llama "Encuesta de identidad" y lo reveló la radio pública catalana a través de la denuncia de una persona que había participado en los procesos de selección para un cargo intermedio en la empresa. No se daba la opción de evitar responder las preguntas sobre estas cuestiones íntimas y, tal como denunció esta aspirante, podría tener el objetivo de filtrar los currículums. Hacer un filtraje en la contratación con aspectos íntimos es, además, una práctica ilegal que denuncian los abogados laboralistas.
Por su parte, Glovo se defendió y aseguraron al estallar la polémica que la encuesta con cuestiones personales no afecta al proceso de selección, que se contesta de manera voluntaria y que puede ser anónima. La empresa de reparto a domicilio aseveró también que era una manera de mejorar internamiento para hacerse más inclusiva. "Nos ayudan a entender nuestro flujo de candidatos y asegurarnos de que todos los postulantes tienen las mismas oportunidades durante el proceso de contratación", habrían afianzado este miércoles desde Glovo en declaraciones a El Periódico sobre sus encuestas personales.
Una empresa rodeada de polémicas laborales
Esta no es la única polémica que rodea a Glovo. En febrero del año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos multó a la empresa de reparto de las ya archiconocidas mochilas amarillas con 550.000 euros por violar la privacidad de sus trabajadores al vigilarles excesivamente con el sistema que les permite saber la ubicación geográfica en todo momento de los repartidores y poder ver sus comunicaciones. Además, la empresa ha estado siempre en el punto de mira porque sus repartidores son falsos autónomos que no estaban contratados a pesar de trabajar solo para Glovo —y así ahorrarse pagar los costes a la Seguridad Social—, una circunstancia que ha llevado la empresa a los tribunales y a que Treball los multara con 79 millones de euros. Lo que ha forzado un proceso por regularizar la situación laboral de los 'riders'. No todos los repartidores, sin embargo, están contentos con este cambio, ya que a pesar de pasar a estar asegurados, haciendo jornadas maratonianas pueden ganar mucho más que estando contratados y que Glovo los pague el salario mínimo.