El Ayuntamiento de Albal (Horta Sud) ha anunciado su compromiso de perseguir a los consumidores sexuales, para los que ha endurecido las multas, con sanciones de hasta 800 euros, para poner freno a las actividades relacionadas con la explotación sexual y la prostitución en el municipio. El objetivo es concienciar acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión del delito de trata de personas en todo el mundo.

El pasado 28 de julio se detuvo al presunto asesino de Florina Gogos, la joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una acequia de Valencia con signos de estrangulamiento a finales de enero. De hecho, es la segunda muerte de una mujer prostituida en esta localidad.

Tras la muerte de Florina, el alcalde de Albal, Ramón Marí, pasó a pleno la aprobación de adhesión a la Red de Municipios contra la trata de mujeres y niñas, que fue respaldada por unanimidad. A su vez, trasladó esta decisión a sus homólogos de los pueblos afectados por la prostitución callejera que se da en Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla y Benetússer.

Crear una ley para derogar el tráfico de mujeres

Esta iniciativa se trasladó también al Consell para visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y “acabar con los puteros”, según puso de manifiesto Ramón Marí en el minuto de silencio convocado en la puerta del Ayuntamiento tras la muerte de Florina. En el acto se solicitó al Estado la creación de una ley abolicionista contra la trata de mujeres, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y recuperación integral, que persiga a las redes criminales y a los consumidores.

Mediante una moción aprobada en un pleno extraordinario celebrado este mes de julio, se ha modificado la ordenanza municipal para introducir multas de hasta 800 euros a los consumidores sexuales y para prohibir la publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual. Asimismo, Albal ha lanzado una campaña para visibilizar que la trata supone tener a personas sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos y mendicidad.

Según Ramón Marí, “los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto una amenaza a la democracia". Por este motivo, el alcalde quiere contribuir en erradicar la prostitución y la trata de personas.

Imagen principal: Torre árabe de Albal / Millars (Wikimedia Commons)